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viernes, 23 de abril de 2010

¿Vigilantes o Matones?

Una "agresión salvaje". Así calificó el médico las lesiones que sufrió Ramón de Jesús Cardona, un vecino de Leganés de 43 años y de origen colombiano, aporreado por cuatro vigilantes del metro en la estación Puerta del Sur el pasado 9 de noviembre, tal y como se observa en un vídeo de las cámaras de seguridad. Ramón de Jesús ha pasado dos meses de baja. El titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Alcorcón suspendió el juicio de faltas previsto para uno de los supuestos agresores y ordenó que se instruyera el caso por un delito de agresiones, tras ver el parte de lesiones y el informe del forense.
La agresión ocurrió a medianoche del pasado 9 de noviembre en la estación de Puerta del Sur, en Alcorcón, cuando Ramón de Jesús regresaba con su esposa,Magnolia López, de celebrar su segundo aniversario de boda. Cuando se bajaron del metro, vieron cómo un vigilante impedía a un joven subir al ascensor para hacer un transbordo. De Jesús les recriminó su actitud. Uno de los vigilantes le asestó un porrazo en un lado de la cara, que le afectó al oído. Acto seguido lo rodearon otros y le pegaron patadas y puñetazos mientras estaba en el suelo.También le azuzaron el perro que tenían los propios vigilantes.La víctima estuvo de baja cerca de dos meses, ya que recibió golpes por todo el cuerpo, en especial por el pecho. No pudo regresar a su trabajo en una empresa mayorista de pescados de Mercamadrid hasta mediados de enero, tras recibir diversas curas y ser atendido por psicólogos.
Decidió denunciar los hechos a la mañana siguiente de la agresión y solicitó a la compañía Metro las grabaciones de las cámaras de seguridad. "El que le agredió se tenía que haber tomado algo, porque estaba muy nervioso y enseguida empezó a pegarle a discreción", afirmó la esposa de la víctima.
El titular del juzgado de Alcorcón rechazó continuar con el juicio de faltas previsto para ayer, tras conocer los informes médicos, la valoración del forense y las imágenes de las cámaras de seguridad. Decidió que se abra un procedimiento por un delito.

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miércoles, 21 de abril de 2010

Detenidos

Efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional, detuvieron en Santander a dos hombres, de 46 años y 47 años, domiciliados en Madrid, como presuntos autores de un robo con fuerza de una saca con 30.000 euros el pasado día 7 en una entidad bancaria de La Coruña.
Asimismo, les fueron intervenidos dos pasaportes manipulados, por lo que se les imputa un delito de falsificación documental y otro de asociación ilícita, ya que forman parte de un grupo organizado dedicado al hurto en todas sus modalidades.
Además, les intervinieron 692 euros, tres teléfonos móviles, un reloj, un sobre de ketchup, un tubo de maquillaje, dos paquetes de pañuelos, un monedero lleno de chinchetas y un punzón con apariencia de bolígrafo.
Los detenidos, con las filiaciones referidas, carecían de antecedentes, pero a uno de ellos con otra filiación le constan antecedentes por delitos contra el patrimonio, y al otro le constaba una detención por hurto. Ambos pasaron a disposición judicial.
A las 12,10 horas del día 15, funcionarios de la Brigada de Policía Judicial observaron a tres personas en la calle Jesús de Monasterio, cuyos rasgos coincidían con los de unos individuos de los que la Jefatura Superior de Policia de la Coruña reclamaba su detención como presuntos autores de un robo con fuerza ocurrido a las 8.55 horas del día 7 de abril.
El robo lo habían cometido cinco hombres que habían entrado en una sucursal bancaria, cada uno de ellos con una misión concreta. Así, mientras uno de ellos se informaba sobre la apertura de una cuenta bancaria, otro observaba como se recibía la saca con el dinero por parte de la empresa de seguridad y hablaba por el teléfono móvil con alguien en el exterior.
En el momento en el que los vigilantes de seguridad abandonaron la entidad, entraron los otros tres y mientras llamaban la atención de clientes y empleados, uno de ellos, tras superar una mampara de más de dos metros de altura, entró en la zona del búnker y se llevó una saca con 30.000 euros que acaba de ser depositada en el mostrador y que no había dado tiempo a guardar en la caja fuerte. Tras esconderla entre las ropas, salió del banco y posteriormente lo hicieron los otros cuatro individuos.
Cada uno de los componentes tenía perfectamente claro su papel y estaban permanentemente comunicados mediante teléfonos móviles.
Llevan a cabo su actividad por todo el territorio nacional, utilizando documentación falsificada, en esta última detención se les intervinieron dos pasaportes manipulados que utilizaron para identificarse ante los funcionarios policiales.

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Salud Mental del Hospital Virgen Macarena


El sindicato de enfermería Satse-Sevilla advirtió hoy de la "falta de seguridad" que presenta el ala B de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena "por la retirada del vigilante de seguridad de la puerta".
En una nota, este sindicato sostuvo que desde que se suprimió al vigilante de seguridad "sus funciones las asume un celador", el cual "abandona su labor dentro de la unidad y la deja sin el personal mínimo para inmovilizar a un paciente descompensado si fuese necesario", alertaron.
Con todo, indicó que ya ha solicitado a la dirección del centro hospitalario una solución a las condiciones de inseguridad que sufre el personal de Salud Mental "derivada de la falta de personal y la retirada del vigilante de seguridad".
En las condiciones actuales, prosiguió Satse, la dotación de personal es "insuficiente" a la hora de realizar la contención mecánica de un paciente y "según los criterios recogidos en los propios protocolos del hospital".
En el protocolo de contención mecánica que se aplica en esta ala de hospitalización psiquiátrica se necesita como mínimo a cuatro personas para realizar esta maniobra. Sin embargo, explicó este sindicato, en la mayoría de los casos la unidad sólo cuenta con una enfermera, una auxiliar y el celador que se ve obligado a vigilar la puerta o dejarla en caso de tener que inmovilizar un paciente con el consiguiente riesgo de fuga del resto.
"De esta forma se incumple además la ratio enfermero-paciente, ya que sólo se cuenta con una enfermera y una auxiliar para atender hasta 25 pacientes, disminuyendo las garantías del cuidado y ejerciendo su labor en situación de riesgo potencial tanto para los pacientes como para los propios trabajadores", continuó este sindicato.
De hecho, lamentó que ya se han producido incidentes en el área de Salud Mental "que han derivado en agresiones al personal y destrozos en las instalaciones y el mobiliario por las dificultades para contener a un paciente descompensado con un cuadro agresivo y vigilar al resto de los ingresados".
Ante esta situación, reclamó la "restitución del vigilante de seguridad" en esta unidad y un "aumento" de la plantilla. En caso contrario, advirtió de que "cualquier incidencia" que derive de la falta de personal "será responsabilidad exclusiva de la dirección del centro y, en ningún caso, del personal".

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lunes, 19 de abril de 2010

Obras de arte sin seguridad

Los expertos en seguridad consideran insuficientes las medidas de vigilancia de los pequeños museos de Valencia y advierten de que es necesario que el ayuntamiento invierta más dinero. Todos coinciden en que es relativamente sencillo llevarse una obra de arte como el Sorolla que desapareció de la Casa Museo Benlliure de Valencia.
En algunas salas de los museos municipales con cuadros muy valiosos las cámaras dejan sin cubrir la mitad del espacio. Los vigilantes carecen de medios básicos como intercomunicadores para coordinarse.
El consistorio se escuda ante las críticas en que el «cien por cien en seguridad no existe».Las medidas de protección en los museos municipales de Valencia son muy similares. La plantilla está formada por un vigilante que tiene el apoyo de dos o tres subalternos que controlan las salas. Durante las exposiciones temporales, los comisarios contratan vigilancia privada como ocurrió hace dos años en el Museo de la Ciudad durante la muestra del «Toisón de oro».
En los recintos del ayuntamiento las órdenes son que el vigilante esté sentado frente a los monitores que graban lo que está ocurriendo en la salas. «Es un gran error. Si hay un intento de robo el subalterno no puede actuar. Lo normal es que el vigilante estuviese dando vueltas y que una persona con una mínima preparación controlara los cuatro monitores», advirtió un ex trabajador del museo que sufrió el robo la semana pasada. La persona que debía estar vigilando las cámaras no vio el robo.
El ayuntamiento alega que la tabla sustraída se encontraba en un ángulo que no captaba la cámara. El problema es que no es una situación aislada. El concejal socialista Juan Soto lamentó que «el Museo de la Ciudad tiene salas sin ningún tipo de vigilancia a pesar de que exhibe obras de gran valor. Las cámaras de seguridad tienen zonas de sombra de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento en algunas salas».
El edil de Cultura, Vicente Igual, asegura que «en las zonas que no cubren las cámaras hay seguridad pasiva».El sistema de alarmas de los museos municipales es similar a los que se instalan en las viviendas. «Debería ser un sistema de alarma por infrarrojos. Los de última generación permiten controlar toda la sala», explicó el ex trabajador del Benlliure. Además, los expertos consideran que cada pieza de arte tendría que tener su propia alarma. «No es tan complicado. Cualquier producto a la venta en unos grandes almacenes tiene sistema antirrobo. Con un arco de seguridad a la salida del museo se podría haber evitado el robo del Sorolla. La seguridad es muy deficiente. Hasta un inexperto podría robar», añadió un especialista.
Felipe Garín, director del Prado en los años noventa, indicó que en «los museos pequeños lo primero que hay que hacer es dificultar el acceso rápido a las obras. Las de pequeño tamaño deben estar sujetas para que se ralentice el posible robo. Si son piezas pequeñas tienen que estar en vitrinas cerradas. No deben encontrarse al alcance del público las obras que pueden ser fácilmente disimuladas entre los pliegues de una chaqueta».

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Oficinas del INEM

No tienen trabajo ni albergan esperanza de encontrar uno. En sus manos está sacar adelante a sus familias pero su único ingreso es la prestación por desempleo, que se agota poco a poco. La desesperación de los parados es palpable. Cada día que pasa empeora su situación. Los centros del INEM de toda España llegan a sufrir diariamente 10 altercados fruto de la tensión de quienes acuden a ellos.
Los incidentes más frecuentes son gritos e insultos hacia los funcionarios y golpes sobre la mesa. El caso más «grave» se produjo esta misma semana cuando un parado irrumpió en la oficina de Juan Llorens de Valencia armado con un cuchillo y palos.
Todo comenzó el pasado martes. El hombre, de mediana edad y origen extranjero, perdió los nervios al no haber cobrado el ultimo mes de desempleo. «Fue un error suyo. Debía renovar la tarjeta de paro trimestralmente en una fecha concreta y no lo hizo. En estos casos se pueden presentar alegaciones pero él no escuchaba. Sólo quería que le diéramos el dinero», apuntaron ayer fuentes de la oficina. El desempleado se lió a golpes con las sillas y las mesas, empezó a gritar al personal y amenazó a la directora, que trató de calmarlo. «Mañana no llegarás aquí. Mañana esta oficina no se abrirá», le espetó, alterado, a la responsable. Finalmente, el vigilante de seguridad lo sacó a la calle.
La violencia no terminó ahí,el desocupado se presentó de nuevo a la mañana siguiente a las puertas de la oficina con un cuchillo y palos y exigió a los empleados que se abriera la entidad para que se solucionara su situación. «No atendía a razones. Intentamos explicarle que había una solución», apuntaron desde la entidad. El hombre incluso fue atendido por la dirección del Servef -que se encuentra en las mismas instalaciones- ya que la directora del INEM no se encontraba allí en ese momento.
Algunos testigos aseguraron que, en el interior de la oficina, las agresiones sólo fueron verbales. «Cuando lo echaron a la calle se puso más nervioso y violento». Fue necesaria la intervención de seis agentes para poder reducirlo. Tras lo ocurrido,los sindicatos se pusieron en contacto con la Dirección Provincial para pedir la puesta en marcha del protocolo de agresiones y solicitaron una reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud para que informara de la gravedad de este altercado.
La primera medida fue el refuerzo de personal. Desde el jueves, la oficina cuenta con dos vigilantes. Pero, esa, aseguraron los trabajadores, «no es la solución». Además, por las tardes, cuando se mantiene el servicio de información, el centro no cuenta con ningún empleado de seguridad.

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El Gobierno vasco destinará 144 millones

El Gobierno vasco ha sacado a concurso, con un presupuesto base de licitación de 144 millones de euros, el contrato del servicio de protección a personas, que incluye escoltas tanto para los cargos electos y políticos del PP, PSE-EE y otras formaciones, como para jueces y magistrados y para víctimas de violencia de género, según publicó el Boletín Oficial del País Vasco.
La licitación de los contratos se divide en doce lotes, cuatro por cada territorio histórico. Así, se convoca la contratación de escoltas para jueces y magistrados de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava; para cargos electos y políticos del PP en los tres territorios; para cargos electos del PSE-EE en Bizkaia, Alava y Gipuzkoa; y para cargos electos y políticos de otras formaciones políticas y para víctimas de violencia de género.
El presupuesto base de licitación para la contratación de estos servicios se fija en 124,4 millones, a los que se añaden 19,9 millones en concepto de IVA.
La fecha límite de obtención de documentación e información para optar a este concurso es el próximo 29 de abril, mientras que las ofertas se podrán presentar hasta el 30 de abril.
El Ejecutivo autonómico reservó en 2009 un total de 65 millones de euros al pago del servicio de escoltas privados, a los que se sumó una partida extraordinaria de 34 millones.
Por otra parte, el Gobierno vasco destinó en 2008 un total de 62 millones de euros al pago de escoltas privados, por lo que junto al gasto extraordinario de la Ertzaintza para estas labores, el coste de la seguridad personal a personas amenazadas pudo llegar a los 100 millones de euros.

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4 Vigilantes heridos

Cuatro vigilantes de seguridad resultaron heridos leves durante unos altercados en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde el Instituto Madrileño de la Administración Pública estaba desarrollando un congreso del 'Foro de Menores'.
Sobre las 10.30 horas del pasado miercoles, unas 80 personas con pasamontañas intentaron entrar a las instalaciones para tratar de "reventar" el acto, según fuentes de la Universidad, que añaden que provocaron daños en mesas, ventanas y sillas del centro y realizaron varias pintadas en las paredes de la Facultad.
Los asaltantes lanzaron al interior del edificio gases lacrimógenos. Este grupo se encaró con los vigilantes de seguridad privada del centro, cuatro de los cuales resultaron heridos leves durante los altercados, siendo atendidos posteriormente por los servicios médicos del campus.
Los protagonistas de los altercados repartieron pasquines del 'Grupo de Solidaridad por los Adolescentes encerrados en el centro Picón del Jarama', dentro de una protesta del grupo antisistema 'Centrosdemenores.com'.
En el foro estaban presentes Regina Plañiol, viceconsejera de Asuntos Sociales, la gerente del Instituto del Menor y la Familia, Paloma Martín y técnicos y psiquiatras.
Se trata del segundo incidente violento en la Complutense en veinte días. El pasado día 23, un grupo de estudiantes zarandeó e insultó al rector, Carlos Berzosa, durante una protesta de los colegios mayores y otros dos vigilantes de seguridad resultaron heridos leves en los incidentes.

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Aproser Canarias

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser Canarias) ha solicitado al Cabildo grancanario la anulación del último concurso de seguridad y vigilancia, tras la "acumulación de irregularidades muy graves" en la tramitación del mismo.
Asimismo, pidió la convocatoria "urgente" de un nuevo concurso con "todas las garantías de transparencia y objetividad", así como el "esclarecimiento total de los escandalosos acontecimientos que afectan" al citado concurso.
La adjudicación del concurso de seguridad y vigilancia a las empresas Serramar y a Seguridad Integral Canaria está "totalmente viciada", según indicó Aproser Canarias en nota de prensa.
"Como mínimo, la empresa Seguridad Integral Canaria ha tenido que colaborar en la presunta estafa al Cabildo de Gran Canaria, ya que era su responsabilidad presentar las facturas y elaborar las nóminas supuestamente infladas de sus vigilantes", apuntó la Asociación.
Por ello, señaló que "es muy grave" que dicha empresa "que es la adjudicataria y como tal responsable del buen funcionamiento del servicio se presente como víctima de la presunta estafa, cuestión que en aras de la transparencia de la gestión de los recursos públicos deberá esclarecer totalmente el Cabildo de Gran Canaria". Añadió que "de momento lo que ha acreditado es, como mínimo, un insuficiente control y supervisión" de los servicios que se prestaban a la Institución insular.
Además, Aproser ha cuestionado la actuación de los técnicos del Cabildo por la "deficiente y confusa" redacción de los pliegos de contratación al entender que los criterios de evaluación "impiden una determinación de los méritos, así como el imposible cumplimiento del contrato, fijado por dos años, pero que tiene que concluir en diciembre de 2011".
Por todo ello, la Asociación ya ha mostrado sus quejas por la "deficiente" redacción de los pliegos, así como por los "perjuicios" que crea al conjunto de empresas del sector de la seguridad privada la "demora en la tramitación del concurso, en prórroga desde 2007, y cuyas manifiestas irregularidades y complicaciones han desbordado incluso la capacidad del órgano de contratación".
Agregó que estos hechos también podrían ser motivo de reflexión para que el Cabildo de Gran Canaria a fin de que "emprenda la organización" de un Departamento de Seguridad con un director a su cargo "según exige el artículo 96 del Reglamento de Seguridad Privada para aquellos centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por 24 o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año".

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CCOO denuncia a la empresa ESABE

El responsable de Seguridad Privada del Sindicato Provincial de Actividades Diversas de CCOO de Granada, Juan José Robles, denunció públicamente que la empresa ESABE que cuenta con casi 200 trabajadores, no paga regularmente las nóminas a los trabajadores de la plantilla.
Para el responsable de Seguridad lo más grave es que la empresa ESABE es la adjudicataria del servicio de seguridad privada en centros como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C), dependiente del Ministerio, en entidades financieras como CAJA RURAL, en la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Granada o en Fermasa.
Aunque según ha explicado Robles (CCOO) todavía resulta más sorprendente que la empresa ESABE es la adjudicataria del servicio de vigilancia de seguridad en la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía, a pesar que la administración autonómica tiene constancia de que contra esta empresa se han abierto diligencias de investigación mercantiles por parte de la Fiscalía Provincial de Granada, gracias a una denuncia interpuesta por CCOO.
El sindicato provincial de Actividades Diversas de CCOO de Granada espera que la Delegación de hacienda resuelva de manera inmediata esta situación, de lo contrario el sindicato se reserva el derecho a tomar medidas legales y de presión, contra esta delegación, como responsable civil subsidiaria.
“Se trata de un ente público y desde CCOO entendemos que no puede contratar a ciertas empresas que incumplan con la Legislación en materia de los derechos laborales”, ha terminado Juan José Robles.

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Estamos solos en este gremio

El Supremo confirma la absolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el crimen de la pista de hielo.
Los hechos ocurrieron la nochevieja del año 2006, cuando diez jóvenes se colaron en la pista de hielo de Alcalá de Henares. Se produjo una reyerta con el vigilante de seguridad que intentó echarles blandiendo un palo de hockey. Al final murió acuchillado. Una comisaría de la policía local se encuentra justo enfrente de las instalaciones y un agente bajó alertado por los gritos de la mujer del fallecido pero se limitó a pedir refuerzos.
La Audiencia de Madrid condenó a 10 años por homicidio al joven que apuñaló a la víctima y absolvió del delito de denegación de auxilio al policía municipal.
El Supremo confirmo la resolución. Dicen los magistrados que cuando el agente se acercó al lugar de los hechos "no había una situación de urgencia sino que en su inicio se trataba simplemente de un altercado, sin que de la acción de los jóvenes se dedujera un propósito seriamente lesivo".
Por eso, concluye, "no se aprecia que el acusado se abstuviera de prestar el auxilio que demandaban las obligaciones de su cargo, aunque la situación evolucionara de forma imprevisible hasta causar un daño lamentable, gravísimo e irreversible"
La absolución del agente municipal, conlleva la absolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares como responsable civil subsidiario.
Como siempre los profesionales de la seguridad privada estan solos y mas en esos momentos de peligro donde esos que si son Agentes esconden la cabeza como las avestruzes,en la conciencia de ese Policia Municipal quedara,diga lo que diga el Supremo,la falta de auxilio que concluyó con la muerte de un Vigilante de Seguridad.

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146.000 euros

El PP exige que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, reintegren al Ayuntamiento los más de 90.000 euros que ha pagado desde agosto el Consistorio a una empresa privada de seguridad para vigilar la nueva urbanización de Roces.
El contrato con la empresa, que asciende a unos 146.000 euros al año, es ilegal, según asegura el concejal del PP, Pedro Muñiz.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, justificó la contratación de una empresa de seguridad privada para proteger el patrimonio público en una urbanización en la que aún no hay vecinos.
El PP, en cambio, considera que el gasto municipal en seguridad privada para el área de Roces es ilegal, tanto si ese terreno aún sigue dependiendo del promotor, que fue Sogepsa, como si las calles ya han pasado a manos del Ayuntamiento. La posible disyuntiva la aclaró ayer Sogepsa al indicar: «La urbanización del área de Roces está entregada desde finales de 2008» al Ayuntamiento, por lo que la seguridad en la zona es competencia municipal.
De esa forma salió al paso de las sospechas de trato de favor municipal a Sogepsa y a constructores privados por la contratación pública de la seguridad privada. Una contratación que, no obstante, sigue siendo ilegal, según el PP, dado que las calles públicas sólo las pueden vigilar las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos como la Policía Municipal o la Nacional.
«La ley prohíbe contratar vigilancia privada. La tiene que dar la Policía Municipal, si el Ayuntamiento se ha hecho cargo del área de Roces. ¿Qué va a ser lo próximo que se les ocurra, contratar vigilantes privados para el paseo del Muro en verano?», abundó Pedro Muñiz.
El edil del PP insistió en que «esta ilegalidad nos está costando mucho dinero», para recalcar que el mismo lo deben «reintegrar a las arcas municipales la Alcaldesa y Santiago Martínez Argüelles, si es el padre del engendro», aprobado por decreto de Alcaldía.
Así lo va a plantear el PP en la Comisión municipal de Hacienda, que se va a celebrar el lunes de la próxima semana. El PP preguntará en la Comisión de Hacienda si el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales en el área de Roces, tal como asegura Sogepsa.
También preguntará a Santiago Martínez Argüelles si la Delegación del Gobierno ha autorizado la vigilancia privada en Roces. La ley establece que la vigilancia privada en urbanizaciones debe contar con la autorización del Gobierno Civil de la provincia y con informe de las autoridades competentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, cuestiones que en este caso «no nos consta» que haya solicitado el gobierno municipal. Pedro Muñiz anunció ayer que si no se corrige la situación, será el PP quien pida el informe preceptivo a la Delegación del Gobierno. Los populares también estudiarán, en ese caso, poner los hechos en conocimiento de la fiscalía.

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Otra vez el Marcelo Nessi

En sólo diez días dos jóvenes han intentado quitarse la vida en el centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz. Hace seis meses, la Fiscalía de Menores abría una investigación para determinar las causas de la paliza recibida por otro menor a manos de, presuntamente, cuatro vigilantes de seguridad en dicho centro.
El pasado sábado un joven de 18 años trató de suicidarse ahorcándose en su cuarto, exactamente de la misma forma que apenas días antes lo había intentado otro de sus compañeros.
La madre de J.A. el joven que, tras su tentativa de suicidio este fin de semana permanece ingresado en el hospital, acusa directamente al centro de negligencia. La mujer asegura que su hijo intentó suicidarse hasta en tres ocasiones esa misma noche y sólo fue trasladado al hospital cuando sufrió síntomas graves de asfixia. La familia del joven ya ha denunciado dos veces al centro por malos tratos y asegura que de aquí a unos meses "la situación de mi hijo se ha puesto peor. Puede haber represalias".
El nombre del centro de internamiento Marcelo Nessi apareció por primera vez en los medios en octubre de 2009, cuando comenzó a investigarse la paliza recibida a un menor, presuntamente a manos de los vigilantes del centro. La Audiencia de Badajoz dictó sentencia y determinó que se trataba sólo de una falta, pero la grabación difundida por los medios de la presunta paliza levantó la voz de alarma.
Seis meses después, las preguntas vuelven a estar en el aire ¿podrían haberse evitado los intentos de suicidio?,Son varios los trabajadores que han reconocido al que «existe una mala coordinación de los técnicos, las funciones están mal distribuidas y la formación de muchos de los profesionales dejan mucho que desear».
También afirman que las autoagresiones y las amenazas de suicidio son habituales, así como que los jóvenes disponen de demasiados «tiempos muertos» en los que están «desoficiados».

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martes, 13 de abril de 2010

Los piratas somalíes

El presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, alerta de que las mafias de piratas que operan en el Océano Índico están reaccionando a la protección de la que se vienen sirviendo desde hace meses los pesqueros adquiriendo en el mercado negro ametralladoras pesadas procedentes de la extinta Unión Soviética que les permitirían atacar una embarcación a dos kilómetros de distancia.
Vicente de la Cruz, aseguró que existe información acerca de la adquisición de este tipo de armamento, concretamente, del tipo KPV 14'5, fácilmente accesibles en el mercado negro de la propia Somalia o de las repúblicas islámicas que en el pasado estuvieron bajo dominio de la URSS.
De este modo, los piratas podrían atacar un barco a gran distancia sin necesidad de arriesgarse acercándose a las embarcaciones pesqueras que ahora faenan con agentes de seguridad privada a bordo.
Este tipo de agentes tan sólo están equipados con armamento ligero, añadió de la Cruz. Desde ASES enmarcan esta nueva estrategia de abastecimiento en la nula voluntad de las mafias piratas de cesar su actividad a pesar de los mecanismos de defensa aplicados por los distintos países occidentales a los barcos de sus respectivas flotas.
"Sin ninguna duda van a seguir con el negocio", aseguró De la Cruz, quien apuntó a que la situación entrará en una fase más violenta que la actual y abogó por que los estados europeos tomen medidas. En este sentido, explicó que en las últimas semanas se han intensificado las negociaciones con las autoridades de las Seychelles para que permitan a los barcos que pescan en la zona equiparse con armamento similar al adquirido por los piratas más allá de las armas ligeras usadas hasta ahora. En concreto, puso como ejemplo las ametralladoras Browning 1270 como las que se usan en España.

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Vigilantes en los Juzgados

Pleitos, disputas, denuncias, litigios, enfrentamientos, sentencias, condenas. El edificio judicial de Vía Alemania en Palma de Mallorca asume a diario decenas de asuntos peliagudos. Casos delicados, donde se masca la tensión y el riesgo de que alguien decida administrar justicia a su manera es elevado.
Para evitarlo, un grupo de vigilantes de seguridad controla cada día a las más de 800 personas que acceden a los juzgados, a fin de evitar que unas tijeras o una navaja se conviertan en un veredicto. Son los ojos de la ley en la antesala.Cuesta creer que tres vigilantes puedan mantener bajo control, sin la ayuda de cámaras de seguridad, las cinco plantas del edificio y sus pasillos, donde acusados y víctimas se ven las caras y esperan su turno a solo unos metros de distancia. "La prevención es fundamental. Todos los usuarios pasan por el detector de metales y escaneamos sus pertenencias para evitar que entren armas", explica José Antonio Nieto, conocido como ´Primo´, jefe del equipo de vigilantes y toda una institución en la casa. Lleva once años en el puesto y las ha visto de todos los colores.
"Cada día requisamos una media de 60 objetos que pueden ser peligrosos, como tijeras de costura, abrecartas o navajas multiusos", explica. Aunque en la mayoría de las ocasiones son descuidos de los visitantes, hay veces en los que las malas intenciones saltan a la vista.
"Un chico vino con una navaja a la que le había soldado un hierro para poder agarrarla con el puño cerrado. También sorprendimos a otro con un punzón hecho a partir de una lima de uñas", explica Nieto.
Pese a este trabajo de prevención, la tensión puede estallar en cualquier momento. "A finales del año pasado una detenida cogió la silla en la que estaba sentada y se la tiró a la jueza que la estaba interrogando. Fuimos enseguida y la redujimos", cuenta ´Primo´.
"También hemos tenido que separar a dos contendientes que habían llegado a las manos durante el juicio o auxiliar a funcionarios que atendían a gente muy alterada", relata Mateo, otro de los vigilantes.
Ambos son expertos en técnicas defensivas y dan clases de culturismo, boxeo y artes marciales en su tiempo de ocio. "Una vez le dije a un hombre que no podía entrar con la botella de cristal que llevaba. Me respondía que se la quitara, así que tuve que hacerlo por la fuerza", explica este vigilante.
En los últimos meses, el perfil del visitante del juzgado ha cambiado. Las operaciones de la Fiscalía Anticorrupción han llevado a numerosos políticos a visitar el edificio por una u otra razón, lo que ha supuesto un "vuelco" en el trabajo de los vigilantes.
"Hay gente que no le parece bien que los acompañemos hasta el juzgado donde deben declarar o que no les hagamos pasar por el escáner. No somos sus guardaespaldas, simplemente queremos que lleguen cuanto antes a su destino para evitar que haya colapsos y permitir que el juzgado siga funcionando con normalidad", valora Nieto, que dirige un grupo formado por seis personas que controlan los juzgados las 24 horas, los 365 días del año, en turnos de mañana, tarde y noche. El jefe del equipo guarda un recuerdo especial de la cantante Ana Torroja, que declaró el pasado verano tras ser imputada por dos delitos de fraude fiscal. "Fue muy amable y tuvo un trato muy cercano. Hubo hasta 20 personas que querían pedirle autógrafos. Por eso acompañamos a las personas famosas o conocidas, para que no se formen corrillos y no lleguen tarde a su cita".

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Comisión Nacional de la Competencia

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto dos expedientes sancionadores a varias organizaciones empresariales y sindicales firmantes de los convenios nacionales de contact center y de empresas de seguridad por haber pactado precios de los servicios y ofertas omercialesa aplicar.
Según informa hoy en una nota la CNC, en abril de 2008 tuvo conocimiento de la existencia de esos dos convenios de ámbito estatal.
El primero de ellos es del sector del Contact Center (del telemarketing) y está suscrito por la organización empresarial ACE (Asociación de Contact Center Española) y las federaciones de Servicios Administrativos y Financieros de CCOO (FECOMA) y de Servicios de la UGT (FES).
El segundo es el referido al sector de empresas de seguridad suscrito por la asociaciones empresariales APROSER, FES, AMPES y ACAES, y los sindicatos UGT y USO.
Ambos convenios incluyen cláusulas sobre los precios de los servicios y las ofertas comerciales que se deben aplicar a los clientes, algo que, según la CNC, constituye una conducta 'susceptible' de enmarcarse dentro de las prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia.
No obstante, la CNC precisa que la apertura de un expediente en ningún caso prejuzga la resolución final y recuerda que ambos casos estarán resueltos en un plazo máximo de dieciocho meses.La Comisión Nacional de la Competencia también informa en su comunicado de que los órganos autonómicos de competencia también están desarrollando otras investigaciones sobre convenios de ámbito regional, que no precisa.

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Centro de menores Marcelo Nessi

El centro de menores Marcelo Nessi atraviesa momentos difíciles. La pasada semana un joven interno intentó quitarse la vida utilizando su propio pijama y su familia lo ha denunciado. Unos meses antes, una supuesta agresión a un menor grabada en vídeo disparaba todas las alarmas. La Audiencia de Badajoz dictó sentencia y determinó que se trataba sólo de una falta, pero ambos casos han vuelto a poner en la picota el funcionamiento de la institución. ¿Se trata de incidentes imprevisibles e inevitables o deben interpretarse como una nueva señal de que algo no marcha bien? La respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunte.
La Policía ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentado por los padres del menor que intentó ahorcarse y está llamando a declarar a todo el personal del centro que está relacionado con el caso. Su director, Manuel Gallego, afirma que está plenamente satisfecho con la labor de las 154 personas que trabajan en él. Asegura que no existen irregularidades y que en él no se producen situaciones de violencia, pero reconoce que se sienten «cuestionados».
La Junta ha cerrado filas en torno al Marcelo Nessi. La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, exigió esta semana en la Asamblea de Extremadura respeto para su personal, «que por las propias peculiaridades de la labor que desempeñan y el deber de secreto profesional al que están obligados, se ven imposibilitados a defender públicamente su trabajo ante acusaciones difamatorias sobre su práctica profesional».
Algunos trabajadores (que prefieren salvaguardar su identidad por temor a represalias) opinan, sin embargo, que el centro no funciona bien. «Existe una mala coordinación de los técnicos, las funciones están mal distribuidas y la formación de muchos de los profesionales dejan mucho que desear», aseguran. También afirman que las autoagresiones y las amenazas de suicidio son habituales y aportan informes al director que así lo demuestran.
El centro de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi nació para dar respuesta a la entrada en vigor de la Ley del Menor, que sacó de los centros penitenciarios a los internos con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. En enero de 2001 se materializaba el único centro extremeño de reforma de menores delincuentes situado en un antiguo instituto de FP y ubicado junto al conflictivo barrio de 'Los Colorines' de Badajoz.
En la actualidad hay cerca de 40 jóvenes de entre 14 y 23 años internados. «Tratamos de reeducar las conductas delictivas, contribuir a la prevención del delito y controlar las conductas de riesgo, en un ambiente inicialmente restrictivo pero progresivamente autónomo, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la evolución de cada menor o joven», explica su actual director y antiguo trabajador social, Manuel Gallego.
Los jóvenes y menores que ingresan en el Marcelo Nessi cumplen internamientos y medidas privativas de libertad acordadas por los juzgados de menores. Es la Junta la responsable de ejecutarlas en los términos establecidos por los órganos judiciales competentes.
Cuando llegan, son atendidos por un equipo trasversal de diferentes profesionales. «Al ingresar se les hace una evaluación para conocer las capacidades de cada chaval y saber también sus expectativas y sus deseos sobre hacia dónde va a encaminar su futuro. Transcurridas tres o cuatro semanas estamos en disposición de diseñar un itinerario individualizado. Fijamos los objetivos que queremos conseguir con los muchachos sobre la base de cinco grandes áreas de intervención: psicológica, socio-familiar, formativo-laboral-educativo reglado, residencial, y también, sanitaria», explica Gallego.
Desde sus experiencia diaria, algunos de esos trabajadores, sin embargo, dejan claro que eso no es así. Denuncian que los profesionales que mayor tiempo pasan con los internos son los cuidadores y los vigilantes de seguridad. «Los primeros no tienen la formación necesaria y su función, según recoge su convenio, es la de asistir a los internos en relación a las tareas de su vida diaria. Sin embargo, son quienes se ocupan de la vigilancia y cuidado de los jóvenes. Su capacidad de acción se limita, no obstante, a hacer anotaciones sobre el comportamiento de los chavales y pueden llamarles la atención, pero no tienen autoridad para amonestarles, por lo que hay muchas situaciones en las que se desmadran», relatan.
El segundo colectivo, más presente en el día a día, los vigilantes de seguridad, también tiene carencias formativas, según estos trabajadores. «Van y vienen sin parar y no saben reaccionar ante ciertas situaciones. Es algo preocupante porque de ellos depende nuestra seguridad», denuncian. El sindicato CSI-F se ha pronunciado varias veces sobre este aspecto y aboga por un modelo organizativo similar al establecido en las cárceles, con personal de vigilancia específico, adecuado, suficiente y con conocimiento en las tareas de vigilancia y custodia propias de este tipo de instituciones.
Los trabajadores señalan también la necesidad de incrementar el número de profesionales en otros colectivos. «Serían necesarios más educadores. Los cuidadores, como su propio nombre indica, están para cuidar, no para educar, no es normal que sean ellos los que pasan la mayoría del tiempo con los chicos, sin hacer nada», lamentan.

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Víctimas de violencia de género

El Partido Popular defenderá la próxima semana una proposición no de Ley en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social del Parlamento andaluz en la que vuelve a pedir a la Junta que, en apoyo y coordinación con el Gobierno de la Nación, y con carácter prioritario, ponga en marcha un plan de seguridad personal para la protección de las víctimas de violencia doméstica en Andalucía "en situaciones de grave riesgo".
Los populares ya han defendido con anterioridad iniciativas similares en las dos últimas legislaturas en la Cámara autonómica. El texto que defenderán el próximo miércoles reclama en concreto que estas medidas "personalizadas" se pongan en marcha a través de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales "e incluso, si fuera necesario, con la seguridad privada".
Junto a ello, el Grupo Popular también pide al Ejecutivo andaluz que exija el cumplimiento de lo establecido por la Ley sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, solicitando la creación, al menos, de un juzgado específico de Violencia de Género en todos los partidos judiciales de la comunidad.
Otras demandas a la Junta se refieren a la puesta en marcha en todos los partidos judiciales de esta comunidad, al menos, una casa de acogida, y que desarrolle, "sin más demoras", la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género y de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Según el PP-A, muchas mujeres españolas y andaluzas siguen sufriendo la lacra de la violencia de género, que supone la máxima expresión del ataque a la integridad y a la igualdad que sufre la mujer por el hecho de serlo. "Esta situación requiere que los gobiernos adopten todas las medidas necesarias para poner fin a esta situación injustificada y discriminatoria que continua presente en los momentos actuales", dijo el grupo popular, que recuerda que el Estatuto de Autonomía contempla el derecho que tienen las mujeres a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
Para el grupo popular, a pesar de que contamos con la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y con la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la mujer sigue estando discriminada en distintos ámbitos de su desarrollo personal. "Es más necesario que nunca el consenso entre las distintas fuerzas políticas, representantes, a su vez, de la sociedad andaluza, así como la colaboración entre las distintas administraciones públicas, con el fin de poner en marcha todos los mecanismos que permitan el logro de la igualdad plena y real entre hombres y mujeres", señala.

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Todo el Viagra

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Madrid como presunto autor de diez atracos a farmacias de la capital en los que presuntamente se llevó todas las cajas de Viagra que tenían.
El hombre, C.M.O., de 43 años, utilizaba una pistola para amenazar a los empleados y emprendía la huida a la carrera.
La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando agentes del grupo XIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid tuvieron conocimiento de varios robos con intimidación en farmacias en los que el "modus operandi" era similar.
El individuo accedía al local y, tras amenazar con una pistola, sustraía la recaudación y exigía que le entregaran todas las cajas de Viagra existentes en el establecimiento.
Ante estos hechos, los investigadores del grupo XIII y sus homónimos de las Comisarías de distrito de Chamartín, Chamberí, Tetuán y Salamanca comenzaron las gestiones pertinentes para proceder a la identificación y localización del autor de los robos.
Una vez identificado, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo de vigilancia en las cercanías de sus dos domicilios, donde observaron a un hombre, de características similares a las proporcionadas por las víctimas de los atracos, merodeando por las inmediaciones con actitud sospechosa.
Tras identificarle y comprobar que era la persona que buscaban, le detuvieron e intervinieron el arma con la que efectuaba los robos. El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales, ya ha sido puesto a disposición judicial. La Policía investiga ahora si ha logrado vender las pastillas de Viagra en en el mercado negro.

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Roban un Sorolla


La noche del viernes, los vigilantes de seguridad descubrieron que 'El santero de la Cofradía', de Sorolla, había desaparecido a pesar de las cámaras y las medidas de seguridad.
La policía científica investiga el caso pero el ladrón o ladrones no aparecen en los vídeos, grabados por las cámaras de seguridad las 24 horas, ya que el cuadro se encontraba en un ángulo muerto.
Según afirma el concejal de Patrimonio Histórico de Valencia el 90% de los cuadros cuentan con completas medidas de seguridad. Es por ello que los delincuentes debían tener conocimiento de las carencias de seguridad de esa obra en concreto.
Se baraja la posibilidad de que se trate de un robo por encargo de un coleccionista puesto que una obra como esa, que está en todos los ficheros policiales, resulta muy difícil de vender en el mercado negro.

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El Gobierno machaca a los trabajadores

El Gobierno ha abierto el melón del despido, uno de los tabú del mercado de trabajo.
¿Qué propone? El modelo austriaco. O lo que es lo mismo, que las empresas puedan crear fondos de despido para sus empleados, a los que aportarían dinero todos los meses.
Esta fórmula lo que persigue es reducir el impacto del coste de tener que prescindir de trabajadores ya que, en lugar de tener que afrontar estos costes en el momento en que se produzca el despido, lo que puede suponer un gran problema para muchas empresas, las indemnizaciones se difieren en el tiempo; es una hucha que recibiría aportaciones periódicas.
La propuesta partió de CC.OO., gusta a UGT y ha sido recogida en un nuevo documento elaborado por el Ejecutivo, que hoy ha sido entregado a los agentes sociales y que debe servir de base para la negociación. La CEOE se reserva por el momento su opinión, aunque fuentes empresariales insisten en que este nuevo modelo austriaco podría suponer, dependiendo de las aportaciones con que finalmente se dotará esta fórmula, incrementar los costes laborales de las empresas en unos momentos en los que necesitan reducirlos con el fin de recuperar la competitividad perdida.
Hablar del modelo austriaco supone que el trabajador pueda rescatar el fondo en el caso de ser despedido con lo que en ese momento la empresa no tendría que realizar aportación adicional. En el supuesto de seguir en su puesto de trabajo hasta que alcance la jubilación, estos fondos serían utilizados para completar la pensión que el empleado cobre de la Seguridad Social. Y en el supuesto de que este trabajador cambiara de empresa podría llevarse su fondo, que continuaría aumentando con las aportaciones de su nueva compañía.
El modelo sería más o menos beneficioso para empresas o trabajadores dependiendo de cuál sea la aportación que tuviera que realizar la empresa.

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lunes, 12 de abril de 2010

Detenidos seis jóvenes


El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha informado de que cuatro vigilantes de seguridad resultaron heridos la madrugada del pasado día 2 de abril por una decena de jóvenes de entre 25 y 35 años, al tratar de impedir una pelea entre dos grupos.
Los componentes de uno de los grupos se marcharon cuando llegaron los vigilantes pero los del otro les atacaron.
Un vigilante fue golpeado con un objeto de metal que le produjo una pérdida importante de sangre y el otro sufrió golpes en la cabeza, por lo que ambos continúan de baja, mientras que los otros dos, que ya fueron dados de alta, sufrieron magulladuras por todo el cuerpo.
La Jefatura Superior de Policía ha confirmado que ese día varios agentes acudieron al vestíbulo de la estación de Renfe de Sol,en Madrid, porque un grupo de individuos increpaba a varios vigilantes de seguridad.
Al ver a los agentes los presuntos agresores huyeron, pero la Policía logró detener a seis de ellos, acusados de un delito de lesiones, y les puso a disposición judicial, tras lo que quedaron en libertad.
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha denunciado que esta agresión es "el día a día de un vigilante, que se agrava en festivo," cuando estos profesionales son insultados y agredidos "sin que la empresa tenga procedimientos de actuación" al respecto, ni ofrezca formación específica a los profesionales que están "en un servicio tan especial como Metro o Renfe".
Ha precisado que mientras agredir a un policía o guardia civil es atentado a la autoridad, agredir a un vigilante sólo supone un juicio de faltas que se castiga con una multa.

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CCOO y los vigilantes de Cordoba

El responsable de Seguridad Privada en Andalucía de Comisiones Obreras (CCOO), Agustín de la Torre, reclamó a la patronal que permita a sus trabajadores recuperar su "poder adquisitivo" mediante la negociación del convenio colectivo del sector, que está paralizada desde 2008.
De la Torre recordó que los empleados, más de 3.000 en Córdoba, mantienen los sueldos iguales desde hace dos años.
Con esta reivindicación, la organización sindical quiere que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo de 2009 y de los primeros meses de 2010, lo que supone un incremento salarial del 2,2%, que es la suma del IPC real de 2009 y 2010.
Horarios abusivos, días de asuntos propios que no se cobran, horas extraordinarias y un "calendario pésimo" son sólo algunas de las condiciones laborales que soportan los trabajadores de este sector, según denunció De la Torre, quien añadió que "las empresas querían firmar lo antes posible una propuesta que era del todo inaceptable debido a que querían aplicar los costes de la negociación colectiva a sus clientes, pero las organizaciones sindicales no quisimos".
La estrategia de la patronal, continuó, es "no subir los sueldos de los trabajadores para poder hacer frente a esta deuda y que sean estos lo que tengan que asumir los costes".
Otra de las demandas de la organización sindical que llevará a la negociación del convenio será la equiparación de los pluses, la consolidación en el sueldo base de conceptos como el transporte y el vestuario o la creación de categorías que ahora se toman como pluses.

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Oleada de robos en el campo en Jaén

Los agricultores de la provincia de Jaén sufren desde hace meses una oleada de robos en sus naves agrícolas. Los ladrones se llevan todo tipo de material e incluso se llegó a robar un tractor, a plena luz del día, en Villargordo aprovechando el cambio de turno de la Guardia Civil.Una gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los afectados.
Así pues exigen que de inmediato se incremente el número de efectivos de los Cuerpos de Seguridad para evitar esta situación y critican que, “si hay suficiente gente para vigilar que el agricultor cumpla con las normas ambientales, no es de recibo que dejen que les roben a plena luz del día”.
Los afectados, junto a la organización agraria ASAJA, pretenden crear una plataforma para defenderse de los cacos y no descartan contratar servicios de vigilancia privada.Y es que se está robando cualquier cosa: maquinaria ligera como motocultores, sopladoras, vareadoras eléctricas, tractores pesados, grupos electrógenos, carracas y hasta llaves inglesas.
“No se dejan nada atrás, todo les viene bien” dicen con ironía los afectados que ya se cuenta por decenas (principalmente en la comarca de Las Villas y en los municipios cercanos a la capital).Y es que los “amigos de lo ajeno” parecen conocer a la perfección los horarios de la Guardia Civil y, aprovechando que en los cambios de turno quedan horas libres debido a la escasez de personal, cometen sus robos con pleno descaro.
Es más, las víctimas de los robos indican haber visto días antes y cerca de gran parte de las naves afectadas a furgonetas de vigilancia,se supone que de los ladrones,ojeando su futuro botín.
ASAJA ha anunciado que se está preparando una plataforma con la que pretende luchar frente a los robos. Incluso las víctimas y sus vecinos se plantean pagar de su propio bolsillo a vigilantes de seguridad privada para evitar que, en tiempos de crisis, su economía sufra aún más con el robo en sus naves.

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Agresiones en centros sanitarios de Granada


El importante número de agresiones a personal sanitario que han transcendido a la opinión pública han causado que la Consejería de Salud se haya visto obligada a invertir en la seguridad de sus profesionales. Este año, Salud se gastará nada menos de 2,5 millones de euros en la provincia de Granada para garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros sanitarios públicos.
El dinero servirá, fundamentalmente, para mantener los dispositivos ya empleados en la seguridad. Los centros sanitarios de la provincia cuentan con 32 vigilantes de seguridad, 262 videocámaras, 336 timbres antipánico, 186 interfonos, 72 teléfonos y la habilitación de 23 salidas alternativas.
También se emplean ya otras medidas disuasivas como detectores de movimiento, detectores de metales y mamparas de seguridad. Esta inversión será la más grande para la provincia desde 2005 cuando se invirtieron poco menos de 2 millones de euros. En el resto de Andalucía, Sevilla será la que más invierta con 6,8 millones y Almería la que menos con 2,1.
El plan de seguridad también incluye formación de los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo.
A través de un curso 'online', los profesionales del SAS aprenderán de tipos de comportamiento, cómo identificar los indicadores de riesgo más frecuentes y cómo actuar en consecuencia de situaciones de conflicto para prevenir o reducir la gravedad de las mismas.
Para el elevado número de actuaciones que se llevan a cabo cada año en centros sanitarios públicos de Granada, doce millones entre consultas, urgencias, ingresos, visitas domiciliarias, etc., la provincia no presenta niveles elevados de incidencia de agresiones. No obstante, el SAS ha sido el primer servicio público de salud que ha puesto en marcha un Plan de seguridad para prevenir y evitar las agresiones y para ofrecer ayuda tanto jurídica y psicológica a sus profesionales en caso de que sí ocurran.

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Agresiones a Vigilantes

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de León detuvieron a un hombre de origen rumano,”A.M., de 30 años y vecino de Burgos”, como presunto autor de un robo con violencia. Los hechos sucedieron momentos antes en un centro comercial de la ciudad, cuando el detenido acababa de sustraer varias prendas de un establecimiento.
El hombre fue interceptado por los vigilantes de seguridad, que comprobaron que en el interior de una bolsa llevaba tres cazadoras de cuero con las alarmas puestas y cuyo valor estaba fijado en 180 euros.
En ese momento, el joven sacó una navaja con la intención de agredir a los vigilantes, pero cayó al suelo.
El detenido se dio a la fuga y fue alcanzado por los vigilantes a los pocos metros. En el forcejeo, los vigilantes de seguridad fueron agredidos por el joven, que mostraba una actitud violenta.
Tras el forcejeo, fue retenido hasta la llegada de una dotación del Cuerpo Nacional de Policía, que lo trasladó a Comisaría.
El detenido, junto a las diligencias tramitadas, pasó a disposición judicial, donde será juzgado mediante un juicio rápido, según informó la Subdelegación del Gobierno a través de una nota de prensa.
No ha trascendiendo si el presunto autor de este robo tenía antecedentes penales o policiales por hechos de esta índole.

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Arcos detectores de metales

Entre los dos monumentos principales de la época musulmana de Andalucía -la antigua Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada- hay profundas diferencias en materia de seguridad. La principal es que en el recinto nazarí no se puede entrar con mochilas, aunque sí con cámaras de fotos. La única limitación que existe en la Catedral cordobesa es que los visitantes no lleven bolsos grandes.
Existe una coincidencia entre ambos monumentos: la Alhambra no dispone tampoco de arcos de seguridad detectores de metales porque sus gestores los consideran elementos «coactivos», y se dan por satisfechos con las 78 cámaras de vigilancia instaladas por todo el recinto y con las 35 personas del servicio de seguridad privada que custodian el edificio 24 horas al día.
Por su parte, los principales monumentos religiosos de Andalucía se encuentran tan desguarnecidos frente a visitantes con ánimo hostil como lo está la Catedral de Córdoba. Un ejemplo de ello es que ninguna catedral de la comunidad autónoma cuenta con escáneres en sus accesos para garantizar que quienes penetren en ellas no lleven objetos que puedan ser usados como armas, como fue el caso de uno de los musulmanes austriacos que, el pasado Miércoles Santo, se enfrentó presuntamente a la Policía Nacional con un cuchillo tras intentar rezar en el interior del templo diocesano cordobés.
Los turistas y la población local penetran, pues, en las iglesias matrices de las diócesis andaluzas sin que su equipaje de mano sea sometido ni a un somero examen. Ni siquiera en la Catedral de Sevilla hay arcos de seguridad con detectores de metales. Es cierto que existen unos tornos, similares a los de las bocas del metro, por los que los visitantes han de pasar el tique que con antelación deben comprar, pero lo cierto es que este elemento de control de acceso no constituye una medida de seguridad. El Palacio Arzobispal, situado junto a la Catedral y que las personas interesadas pueden recorrer a través de un itinerario predeterminado, sí cuenta con un detector de metales en sus puertas.
Por su parte, las tres catedrales de la provincia de Jaén (la de la capital y las de Úbeda y Baeza) carecen también de instrumentos de seguridad más allá de los vigilantes de seguridad. En la de Cádiz ocurre lo mismo, y las medidas de vigilancia sólo se refuerzan durante la Semana Santa, y con dos agentes de la Policía Nacional en el acceso principal. El templo matriz de Málaga no dispone de sistemas de examen de las mochilas de sus visitantes, una situación en la que se hallan también las catedrales de Almería, Huelva y Granada.

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Quieren un Vigilante

El centro de salud de Cambre (A Coruña) donde una médica embarazada fue agredida por una paciente estudia pedir a la Consellería de Sanidade que adopte medidas que garanticen la seguridad en estas instalaciones con la presencia, al menos, de un vigilante en el turno de noche.
La agresión a la facultativo se produjo en la madrugada del pasado 28 de marzo, aunque no trascendió hasta hoy y se produjo cuando se encontraba haciendo una guardia por parte de una paciente que acudió al centro porque le dolía una rodilla.
Supuestamente, la agresora, que, según la versión de la víctima, le propinó varios golpes y la insultó, se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Responsables del centro reconocieron que "en alguna ocasión" ha ocurrido algún hecho similar, aunque señalaron que no hay "más incidencia que en otros centros", indicaron en alusión a las denuncias sobre agresiones a personal sanitario.
No obstante, admitieron que el centro carece de un vigilante de seguridad y no descartaron solicitar su presencia "al menos en el turno de noche" a los responsables de la Consellería de Sanidade.

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Piden un año de cárcel para dos vigilantes

El Juzgado de lo Penal 2 sentará en el banquillo de los acusados a dos vigilantes de seguridad de un centro comercial, que se enfrentan a un año de cárcel, acusados de golpear a una mujer que presuntamente intentó atacarles con una navaja y una jeringuilla infectada de sida. Para la supuesta atacante, el fiscal solicita una pena de quince meses de prisión.
Según el escrito del fiscal, los hechos tuvieron lugar sobre las doce y cuarto de la madrugada del 14 de diciembre de 2005, cuando la acusada G.V.I. se encontraba en un centro comercial de Albacete capital y se dirigió a la línea de cajas del establecimiento, siendo interceptada por J.L.L. y E.L.L., vigilantes de seguridad del establecimiento, que le dieron el alto pues las cajas estaban cerradas a esa hora y no se podía pasar.
Ante tal requerimiento, la acusada reaccionó tomando la tapa de una papelera con la que golpeó los escaparates de alrededor, sacando después una navaja y una jeringuilla que explicó que estaba infectada de sida. y hepatitis.
Tras intentar pinchar a los vigilantes con la navaja en varias ocasiones, J.L.L. le propinó un golpe en la mano, arrebatándole el arma blanca, golpeándola ambos vigilantes a continuación, hasta lograr reducirla y retenerla, hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención. La acusada sufrió varias lesiones de las que tardó en curar cien días.

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Ametralladora Browning M2 de 12,70 mm.

Si dependiese sólo del Ministerio de Defensa, los vigilantes privados españoles que protegen a la flota atunera que faena en el Índico podrían llevar a bordo la potente ametralladora Browning M2 de 12,70 mm. para repeler los asaltos piratas. Sin embargo, el Gobierno de Seychelles no quiere que un arma de este calibre esté en manos privadas en sus puertos, así que los armadores tuvieron que renunciar a ella en el protocolo firmado con el Ejecutivo de las islas.
La ametralladora Browning M2 12.70 es una de las armas autorizadas por Defensa para los buques pesqueros españoles, según confirmaron fuentes ministeriales, que explicaron que Seychelles no las autoriza ni para los buques de su pabellón, ni para las flotas extranjeras y de bandera de conveniencia que tienen su base en las islas.
Los vigilantes españoles portan a bordo, entre otras armas y equipamiento, fusiles H&K de 5,56 mm., una ametralladora MG del 7,62., chalecos antibalas de nivel III y gafas de visión nocturnas. El armamento es considerado adecuado por los armadores, aunque no renuncian a intentar convencer a Seychelles en un futuro cercano.
La llegada de la seguridad privada ha llevado cierta calma a la zona. Los piratas no han logrado secuestrar otro atunero desde que en octubre pasado los vigilantes subieran a bordo de los buques de capital o bandera española que faenan en el Índico. Diez barcos extranjeros siguen secuestrados en las costas de Somalia con más de 160 tripulantes, entre ellos el capitán español de un barco keniano.
En paralelo, la fuerza aeronaval de la UE sigue interceptando a los piratas en la zona. Desde principios de marzo se han desmantelado un total de 25 grupos con 140 piratas, aunque gran parte de ellos terminan siendo liberados cerca de la costa de Somalia. El pasado 2 de abril, un grupo fue detenido tras confundir la fragata holandesa Hnlms Tromp con un objetivo potencial. Es la segunda vez que los piratas se confunden.

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El Gobierno paga

El pasado mes de noviembre, los atuneros que faenan en el océano Índico embarcaron por primera vez a agentes de seguridad privada para evitar los asaltos de los piratas en alta mar.
Lo hacían tras el compromiso del Gobierno central y de los autonómicos del País Vasco, Galicia y Andalucía, que tienen barcos en la zona, de sufragar la mitad de los costes que supone esa protección privada. Seis meses después, los armadores han asumido totalmente los costes de ese compromiso, adelantando el cien por cien de los costes.
Pero parece que la ayuda prometida por el Gobierno no tardará demasiado en llegar. El Ejecutivo tiene ya preparado el real decreto del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que regulará esas subvenciones a la seguridad, que actualmente analiza el Consejo de Estado, paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.
La duda que aún queda en el aire es si ese decreto tendrá efecto retroactivo, de manera que los armadores cobren la parte correspondiente a los seis meses ya transcurridos de «misión».
Una vez que el Ejecutivo central ya ha dado pasos claros para cumplir su compromiso con el 25 por ciento del coste total, queda el restante 25 por ciento que sufragarán las comunidades autónomas antes citadas.
El Gobierno vasco ya ha dado su visto bueno y quedan flecos por cerrar en las administraciones gallega y andaluza. El coste de la seguridad embarcada en los pesqueros españoles en el Índico ronda el medio millón de euros, con lo que los armadores han desembolsado ya 3,5 millones, de los que 1,75 deberían ser repuestos por las administraciones públicas. Pese a esto, los armadores destacan que la seguridad privada sí que está funcionando por el momento como elemento disuasorio para los piratas. Las ocasiones que han tenido que intervenir ante el acoso de corsarios se han saldado con la huida de éstos ante la imposibilidad del ataque.

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miércoles, 7 de abril de 2010

MetroValencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha decidido retirar los vigilantes de seguridad que prestaban servicio continuado en tres de las estaciones de metro más concurridas de la red de Metrovalencia: Colón, Àngel Guimerà y Xàtiva. La empresa ferroviaria también ha decidido suprimir el acompañamiento que estos vigilantes realizaban a los agentes USI (Unidad de Supervisión e Intervención) que es como ahora se denomina a los antiguos interventores.
Los siete vigilantes destinados a las paradas de Colón, Àngel Guimerà y Xàtiva (dos para cada una distribuidos en turnos, excepto Xàtiva donde prestaban servicio tres) garantizaban la seguridad en estas céntricas estaciones, que son las que más usuarios acogen de la red, desde hace "muchos años", según recuerdan trabajadores de la empresa. Su presencia estaba garantizada desde las 7 de la mañana a las 22.30 o 22.50 horas, según las paradas. "El pasado lunes les avisaron que dejaban de trabajar en las tres estaciones", confirma una trabajadora.
Además, también se ha suprimido el servicio que prestaban a los agentes USI, a los que acompañaban en la tarea de solicitar los billetes y suplementos que se cobran.
Una tarea no exenta de peligros ya que, en el último mes, los USI han sufrido dos agresiones: una se ha saldado con la celebración de un juicio de faltas y en la otra el USI sufrió una "brutal agresión por parte de un viajero".
Los USI también deberán explicar a los usuarios, en unas semanas y sobre todo a partir del 1 de mayo, la nueva decisión de FGV de extender la tarjeta sin contacto, con microchip, a los billetes sencillos o los de ida y vuelta, que obliga a pagar un euro de más, aunque sólo la primera vez que se adquiere.
Los vigilantes que hasta ahora estaban destinados en las estaciones o acompañaban a los USI pasan ahora "a línea", es decir, a prestar sus servicios en alguna de las tres líneas de metro o las dos de tranvía circulando a lo largo y ancho de los trayectos.
FGV declinó ayer ofrecer una explicación de este movimiento de vigilantes, las causas que los provocan y si esta decisión supone una reducción de los vigilantes que garantizan la seguridad en la red de Metrovalencia.
Desde el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) consideran que esta medida es "absurda y más cuando se esta reforzando la seguridad en todos los metros de Europa por la facilidad de atentados en este tipo de explotaciones ferroviarias". Y achacan esta reducción de las tareas de los vigilantes a un recorte de presupuesto.
El servicio de seguridad en la red de Metrovalencia se adjudicó el 5 de julio de 2007 en tres lotes a tres empresas de seguridad: Med Seguridad SA (846.385,60 euros, sin IVA); Prosegur Compañía de Seguridad SA (1.505.510,30) y Vigilancia Integrada SA (1.093.494,28 euros , también sin IVA).

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Enfrentamientos en la Mezquita

«Estamos encantados con los españoles y con nuestros hermanos católicos, por eso nada estaba más lejos de nuestra intención que ofender a nadie con nuestros actos». Quien así se expresaba ayer era E.G, uno de los dos jóvenes puestos en libertad con cargos tras encabezar el enfrentamiento con los vigilantes de seguridad de la Catedral y con la Policía Nacional el pasado miércoles por la tarde.
E.G., que tiene en torno a 25 años y lleva dos semanas recorriendo España con el resto del grupo que protagonizó el alboroto, salía ayer apesadumbrado de las dependencias judiciales y un tanto extrañado del revuelo que ha originado su obcecación en rezar en un lugar sagrado en el que está expresamente prohibido hacerlo por cualquier rito que no sea al católico. «No quisimos herir los sentimientos de nuestros hermanos cristianos, pero el ambiente que allí en la Mezquita se respiraba nos movió a rezar». Al tiempo, negó que cualquier miembro del grupo agrediera con una navaja a nadie, si bien reconoció que uno de los integrantes del mismo portaba una porque es «su costumbre» llevarla.
La Juventud Musulmana de Austria (JMA) pidió ayer disculpas y lamentó los incidentes, pero criticó la «agresividad» y el «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de la seguridad privada y la Policía española.
«La seguridad privada fue muy agresiva. Rezar fue un error, pero eso no justifica cómo nos trataron. A uno de los jóvenes le llegaron a decir en inglés: «Esto es una guerra y te vamos a matar»», explicó Alexander Osman, portavoz de la JMA y testigo del altercado. Osman también tachó de «mentira total» que el incidente estuviera planificado, ya que compraron las entradas poco antes de entrar y sólo un pequeño grupo comenzó a rezar «de forma espontánea». Osman pidió disculpas por las consecuencias de la oración y señaló que «desconocían el significado de la Mezquita-Catedral para la Iglesia católica».

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Juicio por despidos

Un juez de lo social ha dejado en entredicho y arrojado dudas de envergadura sobre el modo de proceder de un alto funcionario del Cabildo de Gran Canaria, el Jefe de Servicio de Régimen Interior, Carlos Gutiérrez, por haberse prestado a declarar en un juicio por despido, como testigo, en favor de vigilantes de Seguridad Integral Canaria que inflaban servicios y horas al Cabildo, en vez de haber abierto una propia investigación interna para esclarecer los hechos ahora probados.
En una sentencia fechada el 24 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestima la demanda por despido improcedente de un vigilante de Seguridad Integral, Alexis González Melián, al considerar probado que en connivencia con el coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín, falsificaron trabajos e inflaron costes mediante horas extras ficticias cargadas al Cabildo.
En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.
La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes de seguridad. Tres de ellos admitieron haber cometido esas "faltas muy graves" por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.
Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.
El magistrado resalta "la extrañeza que produce en este Juzgador que el Jefe de Servicio del propio cliente de la demandada, Cabildo de Gran Canaria, se persone como testigo de la parte actora pretendiendo certificar la realización de servicios cuando, o bien estaba de baja médica, o bien estaba de vacaciones (tal como ha reconocido expresamente), lo que imposibilita conocer si estos se realizaban o no y en qué condiciones".
El juez afea la conducta del funcionario por pretender "esclarecer verdad sobre periodos en los que no estuvo de alta y operativo, sobre servicios cuya realización no puede constatar pese a solicitar su realización y dar el visto bueno a los cuadrantes que propician la facturación a la entidad pública para la que trabaja, hechos en definitiva que de ser ciertos, que lo son, afectan de forma negativa al interés público que el testigo debe defender como responsable de la Administración perceptora de los servicios cuestionados".
El juzgador afirma que "no puede entenderse cómo los responsables del propio Cabildo, entre ellos el testigo, no procedieran a la inmediata apertura de un expediente para investigar los gravísimos hechos de forma interna tras su conocimiento, y se limite el testigo a comparecer sobre hechos que, además, se escapan cuanto menos a su percepción directa al no estar presente en los servicios, sin entrar a valorar, pues no resulta objeto de este procedimiento, los contradictorios comunicados del Cabildo y de sus intervenientes, Don Adrián del Pino y Don Carlos Gutiérrez".
A raíz de esta sentencia, Seguridad Integral Canaria ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos para abrir la vía penal no sólo contra los vigilantes de seguridad y el coordinador de servicios, sino también contra los dos funcionarios del Cabildo que desde hace meses conocieron los hechos y no actuaron internamente.
El objetivo de la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que los vigilantes despedidos devuelvan el dinero facturado de más al Cabildo de Gran Canaria y que se depuren todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

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Vigilancia para camioneros y comerciantes

«En una semana han robado 16 baterías de camiones y unos 1.000 litros de gasoil». Son palabras de Ángel Luis Fernández Álvarez, el propietario del bar Villa Blanca, ubicado en el entorno del Puente Azud en Aviles, un hombre que lleva muchos años en la zona y que conoce bien la situación a la que se enfrentan los camioneros que aparcan allí sus vehículos comerciales.
Los comerciantes y camioneros que operan en esta zona del concejo están hartos de soportar una situación de inseguridad que, según sostienen, se repite en los últimos años. Por ello, llevan ya mucho tiempo organizándose para contratar seguridad privada que subsane lo que entienden como una falta de vigilancia en la zona.
En la actualidad, unas 35 personas aportan cuotas de 30 euros mensuales para pagar a una persona que vigila el aparcamiento y avisa a la policía ante la presencia de ladrones, puesto que ninguna empresa privada quiere hacerse cargo de este trabajo y tampoco la policía garantiza la seguridad. «Aquí hay unos 120 camiones que aparcan habitualmente. Somos unos 27, entre comerciantes y camioneros, los que pagan habitualmente la cuota», explica Ángel Luis Fernández.
Los problemas que tienen para garantizar la seguridad, según explican, son varios. El primero es la falta de control desde los organismos públicos, una situación que llevan años soportando y que ya les llevó en el pasado a contratar a personas que se hacían cargo de la vigilancia del entorno.
El segundo es que el recinto en el que habitualmente aparcan los camiones no está cerrado. «Si no está cerrado no hay ninguna empresa que se haga cargo de la vigilancia», sostiene Fernández, quien explica que la parcela es «pública. Esto es del Ayuntamiento. Hace ocho años ya teníamos seguridad contratada, pero no con una empresa. Antes de eso, había muchos robos en la zona».
Por esa razón, una de sus demandas es que el Ayuntamiento instale un cierre perimetral del recinto, aunque siga siendo un espacio de uso común, para así poder contratar a una empresa especializada.
Detrás de esta demanda subyace otra de mayor entidad y es la puesta en marcha de un aparcamiento de camiones «como el que hay en Navia, en Gijón o en Ujo. Queremos ir a casa seguros, pagar por aparcar, pero irnos tranquilos», señala Juan Ramos Rodríguez, camionero que habitualmente aparca su camión en la zona del Puente Azud.
Pero, hasta que esta medida comprometida por el Ayuntamiento se convierta en realidad, los camioneros y comerciantes de la zona exigen la mejora de la seguridad en la zona. «El Ayuntamiento debe moverse para protegernos. Esta zona está completamente abandonada», concluye Ángel Luis Fernández.

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Intenta apuñalar a un vigilante


Agentes de la Comisaría de Gijón detuvieron el jueves a un varón de mediana edad que presuntamente había intentado apuñalar horas antes a un vigilante de seguridad de las obras que desarrolla la UTE conformada por Contratas Iglesias y Comsa en el apeadero de Tremañes en el marco del proyecto del plan de vías. El detenido había acudido en ayuda de un amigo que había sido desalojado minutos antes del mismo lugar cuando el vigilante le sorprendió en el interior del recinto privado.
El miércoles por la noche, en torno a las 21 horas, el trabajador estaba haciendo una ronda por las instalaciones cuando se encontró con un hombre que se estaba pinchando dentro de la zona de obras, de acceso restringido.
El vigilante le pidió que se fuera, y éste le respondió llamándole «hijo de puta» y amenazando con «volver con más». En torno a las 22.15 horas, cuando se encontraba en el interior de su caseta, el responsable de la seguridad del recinto, empleado de la empresa Vigilantia, oyó cómo desde fuera lanzaban piedras contra su ventana y le gritaban «vigilante, sal, hijo de puta». Cuando lo hizo vio que se trataba de la misma persona, a la que instó nuevamente a irse. Cuando éste intentó agredirle, el vigilante se defendió con su arma reglamentaria, tirándole al suelo.
Entonces, de forma sorpresiva, aparecieron dos personas más, una de las cuales acometió al trabajador con un cuchillo, alcanzándole en un brazo.
Cuando iba a acuchillarle nuevamente, el vigilante logró sujetar la hoja con las manos, aprovechando que llevaba puestos unos guantes especiales anticortes. Durante el forcejeo dio con su atacante en el suelo, momento que aprovechó para buscar refugio en su caseta y llamar a la Policía. El presunto agresor fue detenido horas después.
«El ámbito de la obra es demasiado grande para un solo vigilante», se lamentaba el agredido. «Debería duplicarse la seguridad, o dotarnos de perros o de un vehículo para hacer la ronda».
El mismo vigilante ya fue agredido en febrero por un grupo de grafiteros.

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lunes, 5 de abril de 2010

27.177 euros en tres meses para reforzar su escolta

El capítulo de las escoltas y el desembolso realizado por el PSC en esta parcela vuelve a tomar relieve en Gran Canaria. Si ya en su momento el ex secretario general del Partido Socialista Canario, Juan Fernando López Aguilar, tuvo que desmentir un comunicado de la Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el que se aseguró que disponía de once guardaespaldas, ahora los gastos del actual alcalde de la capital grancanaria, Jerónimo Saavera, en su escolta particular, vuelven a tomar relevancia por sus elevados guarismos.
En este sentido, el regidor socialista llegó a «invertir» en el primer trimestre de 2009 un total de 27.177,22 euros -sólo en en horas extras- para los cinco policías locales adscritos a su servicio.
Un periodo en el que el consistorio justificó la friolera cantidad de 848.571,08 euros en este concepto, justo después de que los sindicatos se movilizaran con amenazas de huelga ante el desvío de dos millones de euros para pagar las nóminas de los trabajadores de Guaguas Municipales. Por aquellas fechas, el grupo de gobierno abogó por recortar las horas extras para reducir los gastos.
Sin embargo, y a tenor de estas cantidades, se complican los objetivos en ese plan de austeridad y ahorro que tanto el portavoz del gobierno local, Sebastián Franquis, como el propio Saavedra habían anunciado en los últimos meses.
A renglón del censo de nóminas de los meses de enero a marzo del pasado año los abonos se desglosan en cantidades extremas difíciles de analizar.
En algunos casos, los funcionarios no pasan de cobrar 60 euros frente a otros, cuyos emolumentos superan con creces los 6.000 (más de 2.000 euros mensuales suplementarios a su propio sueldo). En lo que concierne a los escoltas de Saavedra, las cantidades oscilan entre los 4.083,98 y los 9.403,56 euros, lo que supone una media de 5.435,44 euros por persona en dicho trimestre.
Ante esta coyuntura económica, el Partido Popular presentó un escrito el pasado 19 de febrero al Grupo de Gobierno (formado por PSC-Compromiso) en el que se solicitaba el «acceso a la información, en el menor plazo de tiempo posible, del listado de las horas realizadas fuera de la jornada laboral en el último trimestre del referido 2009» de los cinco policías al servicio de la Alcaldía, así como el cómputo total del abono que corresponda.
Cabe reseñar que a comienzos del mandato hasta nueve agentes estaban disponibles para custodiar al alcalde, al concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, y a su director general, José Luis Sebastián Montesinos, cuando en la etapa anterior de Pepa Luzardo sólo se dispusieron de cuatro. De momento, no ha habido respuestas del consistorio a este respecto, a pesar de que la intención de la oposición es que se desglosen el resto de listados del pasado ejercicio así como el primer trimestre del actual 2010, para consensuar las cifras de una parcela que ha dado mucho de que hablar en el presente mandato.

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domingo, 4 de abril de 2010

Comunicado conjunto de CCOO y USO

A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA:
En relación a la propaganda que en estos últimos días ha realizado el sindicato FES-UGT para intentar justificar el triste y lamentable ¿error? de convocar unilateralmente una huelga que sabía fracasada de antemano y con el objetivo de dar por finalizado por nuestra parte los cruces de comunicados que permiten el regocijo de las patronales y de las empresas, y de todos aquellos que nada tienen que aportar, pero con el ánimo también de dejar claras algunas cuestiones, los sindicatos FTSP-USO y la Federación Estatal de AA.DD. de CC.OO. manifestamos:
Primero.- La unidad de acción la rompen cuando a pesar de que CC.OO y USO advierten al responsable sectorial de FES-UGT tanto del error que supondría convocar una huelga para después desconvocarla, no por que no hubiera motivos, sino porque esa acción era prematura en el tiempo todavía, la convoca, La unidad de acción salta por los aires cuando los responsables de FES-UGT endiosados y sin escuchar las advertencias, convocan una huelga bajo la mentira de un falso acuerdo.
Segundo.- El objetivo de FES-UGT era convocar la huelga, arrastrarnos a todos a ella, sabiendo que entre los servicios mínimos impuestos por el Ministerio del Interior por un lado y la improvisación por otro, el fracaso sindical seria de escándalo, para posteriormente y bajo el argumento de la falta de movilización por parte de los trabajadores, tener la coartada para firmar lo que pretenden las empresas y de paso acabar con el sindicalismo reivindicativo y de clase en el Sector.
Tercero.-¿Causa sonrojo el error por el que pretendían que los trabajadores y trabajadoras que quisieran secundar la huelga lo comunicaran previamente a las empresas por escrito, donde se ha visto eso?¿Que pretendían con ello? como mínimo facilitarían el que las empresas pudieran entregar la comunicación de servicios mínimos a los trabajadores, a la vez que facilitaban por ese hecho, que las empresas dispusieran de tiempo bastante para intimidarles.
Cuarto.- Reiteramos una vez más que sobran los motivos para convocar y secundar masivamente una huelga en el sector, pero no exclusivamente por el “desbloqueo de la Mesa Negociadora” como argumentan en la Convocatoria.
Quinto.- Dicen en plan victimisma que les hemos dado la espalda, que se han quedado solos, ¡¡¡¡¡faltan a la verdad NUEVAMENTE!!!!!! Ellos son los que han abandonado a los trabajadores, no les han escuchado, los trabajadores y las trabajadoras del sector reclaman soluciones a las indecentes condiciones de trabajo a las que les obligan las empresas, están dispuestos a pelear por lo suyo, pero la pelea no es exclusivamente la huelga sin otras alternativas.
Sexto.- La FES-UGT son el sindicato mayoritario en la Mesa y debían haber sido mas prudentes, si con la convocatoria de la huelga se equivocaron, con la desconvocatoria lo han bordado, la irresponsabilidad tiene un coste, debe tener un coste sindical, impidiéndoles que vuelvan a ser el sindicato mayoritario en el sector. Pero por encima de todo están los intereses de los trabajadores y trabajadoras, por esos intereses seguiremos trabajando y proponiendo alternativas unitarias y no imponiendo ni mintiendo.

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Detienen al carterista más buscado del metro


Consiguió incrementar el número de denuncias por robo de carteras en las estaciones del metro. La Ertzaintza había abierto una investigación para dar con el activo carterista. Empleaba siempre el mismo 'modus operandi'. Elegía como víctimas a mujeres que llevaban un bolso de apertura fácil. En un descuido, les sustraía la cartera. Le interesaba sobre todo el dinero en efectivo y las tarjetas de crédito, que luego empleaba para comprar bonos de transporte antes de que la víctima se percatara y anulase los documentos.
Precisamente, la tarde del pasado lunes, el sospechoso fue retenido por el personal de seguridad de la estación bilbaína de Indautxu. Al parecer, el individuo fue descubierto cuando estaba intentado adquirir un bonometro con una tarjeta de crédito sustraída. Los vigilantes de seguridad avisaron a la Ertzaintza. Los agentes de la Policía autonómica desplazados al lugar identificaron al supuesto delincuente, un varón de 28 años, y pudieron verificar que se trataba de la misma persona a la que estaban buscando por su participación en delitos continuados de hurto y estafa.
Gracias al visionado de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del suburbano, se pudo comprobar que el hombre retenido coincidía con el carterista que tenía en jaque a la Policía en los últimos tiempos.

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Condena por acoso

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a una empresa de seguridad y a un empleado de la misma a indemnizar con 12.000 euros a una vigilante del aeropuerto por el acoso moral al que fue sometida durante dos años y que le ocasionó trastornos ansioso-depresivos por los que tuvo que darse de baja hasta en cuatro ocasiones.
La resolución de la Sala de lo Social del TSJA confirma la resolución dictada en su día por el juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, aunque incluye en el pago solidario de la indemnización al inspector de servicio al que se considera responsable del mobbing.
Los hechos se remontan a una asamblea de vigilantes de seguridad del aeropuerto celebrada el 14 de julio de 2003, en la que se levantó un acta donde se denunciaban las faltas de respeto y coacciones por parte de un inspector de servicios. Ese acta fue firmada por la vigilante en cuestión y, a partir de ese momento, según recoge la sentencia, el inspector de servicios comenzó a recriminarla y tratarla de forma despectiva. Dicen los jueces que la llamó en una ocasión "inútil", que la trasladó de puesto y que con frecuencia le profería expresiones del tenor "tú te callas", "aquí no eres nadie", "el que mando soy yo", "de esa loza no te mueves porque lo digo yo" o "no desayunas porque lo digo yo". De la misma forma, el inspector le manifestó otro día que estaba "en una lista negra y no pararía hasta echarla" de la empresa.
Según los jueces, el acoso también se traducía en que le cambiaba el turno previsto en los cuadrantes de trabajo y le variaba de puesto sin que el servicio lo necesitara. La trabajadora puso los hechos en conocimiento de la empresa y los sindicatos le comentaron en numerosas ocasiones lo ocurrido al gerente de la sociedad.
Como consecuencia de la situación, la vigilante se dio de baja por incapacidad temporal en septiembre de 2003 y luego en varias ocasiones más, debido a los síntomas ansioso-depresivos derivados del conflicto laboral que padecía.
El tribunal considera acreditado que después de que la trabajadora firmara el acta en el que se denunciaba la conducta del inspector de servicios, éste comenzó una "actitud de hostigamiento" durante los años 2004 y 2005.
La empresa alegó que no había quedado acreditado el acoso de la trabajadora, pero el tribunal entiende que el relato de hechos probados "dibuja un inequívoco panorama de hostigamiento" a la vigilante de seguridad que le provocaron "sucesivas crisis de ansiedad, determinantes de bajas médicas y situaciones de incapacidad temporal, por lo que es incuestionable la existencia de indicios de vulneración de sus derechos fundamentales".

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