El ex enfermero de 46 años Charles Cullen y veterano de la Marina estaba entre esos profesionales de un hospital que se dedican a cuidar de los pacientes, pero al parecer, se dedicó a matarlos. Cuando en el año 2003 compareció ante el juez Paul Armstrong, al que manifestó que no quería un abogado, y que su intención era declararse culpable, declaró que durante los últimos 16 años, en las instituciones sanitarias donde trabajó, fue el responsable de matar a unas 40 personas.
Cullen había sido acusado de la muerte de Florian Gall, un vicario en el condado de Hunterdon, y de haber intentado matar a una mujer, ambos pacientes del Somerset Medical Center, donde él trabajaba.
El religioso ingresó en el hospital con un infarto el 28 de junio pasado, pero su muerte no se debió a un fallo cardíaco, sino a que recibió una excesiva dosis de un medicamento utilizado en pacientes con problemas del corazón.
Florian Gall
La víctima del segundo crimen imputado, fue Kyung Han, una mujer de 40 años, enferma de cáncer y del corazón, que recibió una sobredosis del mismo medicamento y murió en septiembre por causas sin relación con su enfermedad, después de haber sido dada de alta del hospital.
En ambos casos Cullen es sospechoso de usar dosis mortales de digoxin, un medicamento para el corazón, que él consiguió con la manipulación de la computadora del hospital. Según las primeras investigaciones internas del hospital Cullen podría ser el denominador común entre unos 16 pacientes muertos en las mismas condiciones que Florian y Kyung Han.
Ya en el 2002, enfermeras del hospital del St. Luke's Hospital in Bethlehem, habían advertido a los superiores de que podría tratarse de un asesino y exigieron que Cullen fuera despedido e investigado. Sin embargo, los administradores del hospital respondieron negativamente.
Las autoridades han iniciado una investigación sobre la trayectoria completa del enfermero para el que el juez ha fijado una fianza de un millón de dólares.
Durante las primeras investigaciones, Cullen está siendo sospechoso de varios asesinatos, siempre por muertes inesperadas, y se están empezando a realizar las primeras exhumaciones de cadáveres como parte de la investigación. Otras posibles víctimas ya poseen un informe toxicológico donde parece demostrarse la alta presencia de digoxin en la sangre a pesar de que los pacientes nunca habían tenido prescrito este medicamento. Tanto los resultados finales de los informes como de las exhumaciones están todavía pendientes.
Cullen es el más jovencito de nueve hermanos. Su padre era conductor de autobús y su madre ama de casa. Cullen creció en un vecindario de clase obrera en pleno Nueva Jersey y con una familia profundamente religiosa. Su padre murió cuando él todavía era un niño y su madre murió mientras él estudiaba en la escuela secundaria. Dos de sus hermanos también murieron, y él estuvo al cuidado de uno de ellos durante el proceso.
En 1978 decidió alistarse en la marina de los Estados Unidos y cuando salió ingresó en una escuela profesional de enfermería. Antes de 1988, encontró su primer empleo en un importante hospital pero duró muy poco tiempo. Le fueron las cosas bastante bien y consiguió casarse y tener dos hijas pero pronto se divorció. En 1998, se había quedado sin trabajo y estaba lleno de deudas. Cullen sentía que la vida no lo había tratado nada bien, estaba rencoroso.
Mientras las deudas lo inundaban, él se movía de hospital en hospital, sus empleos duraban poco, y en St. Luke's Hospital in Bethlehem se marchó para evitar una investigación por la muerte de unos 69 pacientes y por una misteriosa caja llena de medicación para el corazón encontrada en su casilla. Aunque parece que Cullen no es culpable de las 69 muertes inesperadas, muchas de esas muertes serán repasadas de nuevo después de escuchar la sorprendente declaración de Cullen, hasta ese momento no había habido informes toxicológicos sobre estos pacientes y solamente se les realizó una autopsia. La investigación había sido superficial, no se había determinado la existencia de sustancias o medicamentos en los cuerpos sin vida, por esa razón, el siguiente paso, y si las autoridades lo permiten, se procederá a la exhumación de todos los cadáveres.
Lo sorprendente es que a pesar de que su expediente laboral estaba manchado y no era nada bueno, Cullen nunca tenía problemas para conseguir otro trabajo, posiblemente debido a la escasez de personal de enfermería. Pero todo acabó cuando se encontró envuelto entre numerosas preguntas referentes a la muerte del Reverendo Florian Gall. Ahora lo están investigando en siete condados a través de la fiscalía de los Estados Unidos.
Representantes del Centro hospitalario Somerset aseguran no saber que Cullen había sido investigado en otros condados y sólo comprobaron sus credenciales cuando lo contrataron. Fue durante el periodo que trabajó en éste hospital donde realizó su trabajo más mortal, admitiendo haber matado entre 12 y 15 personas en sólo 13 meses.
Según sus declaraciones, actuó así para aliviar el dolor y sufrimiento de los enfermos, pero las investigaciones confirman que muchos de los pacientes no mostraban enfermedades terminales o de gravedad.
El 2 de marzo del 2006, durante el nuevo juicio Charles Cullen, considerado uno de los asesinos más prolíficos que ha habido en el sector médico de los Estados Unidos, evitó ser condenado a muerte tras llegar a un acuerdo con la fiscalía mediante el cual él les dirá que pacientes mató usando inyecciones de medicamentos difíciles de detectar.
Durante le juicio se mostró muy tranquilo ante la presencia de los familiares de las víctimas que mostraron fotografías y calificaron al ex enfermero de "monstruo".
"En caso de que haya olvidado cómo se veía mi madre, míreme a los ojos ahorita", le dijo Richard J. Stoecker a Cullen, quien permaneció calmado y cruzado de brazos en la corte.
El asesino admitió haber usado dosis letales de medicamentos para matar a sus pacientes. Cuando fue arrestado en diciembre del 2003 dijo que mató a pacientes "muy enfermos", pero en realidad algunos no estaban enfermos de gravedad.
Cullen ha dicho a los investigadores que quizá mató hasta 40 personas durante su carrera como enfermero, que empezó en 1987. Más adelante será sentenciado por siete homicidios y tres intentos de asesinato en Pensilvania.
Finalmente Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas durante la tensa audiencia por 22 asesinatos e intento de homicidio de otras tres personas sólo en Nueva Jersey.
Fue una de las más conocidas viudas negras de la historia del crimen por su espectacular proceso, que, seguido por todo el pueblo como si se tratase de un culebrón judicial, duró casi diez años y terminó de manera impredecible...
Marie Josephine Philippine Davaillaud, más conocida como Marie Besnard, nació en Francia el 15 de agosto de 1896.
Esta mujer, fue acusada el 21 de julio de 1949 por doce asesinatos con arsénico, entre ellos el de su marido Aguste Antigny. Empezó a levantar sospechas de cara a las autoridades francesas cuando comenzó a heredar importantes cantidades de dinero de distintas personas de su entorno que iban falleciendo misteriosamente en el pueblo de Loudun.
Su vestimenta negra y sus malas maneras reforzaron su mala fama entre los vecinos, quienes la tenían por una mujer misteriosa, fría y cruel, capaz de haber asesinado a toda su familia.
Sospechando que las muertes se habían producido de manera extraña, la policía local dio orden que fuesen exhumados todos los cadáveres de los parientes de Marie en los cementerios de Angles-sur-Anglin y en Trois-Moutiers.
A principios de 1950, tanto jueces como expertos presentaron las mismas conclusiones: en doce de los cadáveres examinados se encontró suficiente arsénico para considerar la causa de muerte como envenenamiento. Los cuerpos pertenecían a su primer marido, a su tía, su abuela, su suegro, su suegra, su cuñada, su padre, su madre, dos primas, un vecino y una vecina.
A pesar de las graves acusaciones, Marie Besnard nunca se imputó las muertes y siempre hasta el final se declaró inocente de todas las acusaciones. Finalmente consiguió ser absuelta gracias a su constancia y a su equipo de abogados, que sin flaquear lo más mínimo, sacaron puntilla a todos los fallos del caso y sacándolos a la luz pública lograron enfrentar a los acusadores y a los consejeros de estos.
Durante el proceso acusatorio, casi todos los testimonios estaban fundados en rumores o confidencias inciertas. Todo el pueblo de Loudun parecía conocer lo ocurrido. Había cantidad de cuchicheos, murmullos y secreteos, pero finalmente todo aquel testigo que decía saber algo, al día siguiente se retractaba de lo dicho.
Tampoco estaba muy claro el tema del arsénico. En todos los cuerpos exhumados se habían hallado cantidades de este veneno de entre 18 a 60 miligramos. Sin embargo, en el momento de las muertes ningún médico había diagnosticado un solo fallecimiento por envenenamiento, sino que se habían atribuido esas muertes a las más diversas enfermedades, como tuberculosis, etc. En la lista había aparecido incluso una expiración por ahorcamiento.
Cuando fueron expuestos a la acusada los análisis científicos de los resultados, que a ojos de todos la condenaban, respondió que no entendía nada de eso que le contaban y que estaba muy enfadada porque no le permitían volver a hacer otras nuevas autopsias a los cadáveres.
Mientras los distintos toxicólogos se turnaban para desvelar sus descubrimientos, ella decía que eso eran tonterías, que no sabían nada de nadie, que nadie mejor que ella para saber como habían muerto sus pobres difuntos:
"Son mis queridos desaparecidos, nadie reza tanto por ellos como yo, y nadie les ha cuidado tanto como yo cuando estaban con vida. Yo no necesito ninguna herencia y nunca la he necesitado".
Marie era toda una experta en evitar trampas y en poner vocecilla inocente al responder a las preguntas. Los psiquiatras encargados de diagnosticarla, la tratan de "mujer anormalmente normal". "Es hábil, fría, hipócrita y lúcida. Sus propósitos han sido premeditados, ha consumado lo que había estado planeando, el matar a esas personas, ocultando y disimulando cualquier indicio que hubiese llevado a que se sospechase de ella", opinaron.
El caso se convirtió en un culebrón mientras Marie estaba detenida en su celda de La Pierre-Levée, la prisión de Poitiers.
A veces se sentía abatida. A sus pocos visitantes les confesaba: "Es horrible el soportar una prueba como esta. Menos mal que mi fe y mi creencia en Dios me sostienen. Y decir que han cortado en trocitos a mi pobre marido y a todos los demás..."
Los acusadores esperaban en vano una confesión de los hechos, o por lo menos algún indicio de lo que pudiese parecer una confesión. A falta de confidencias, en el juicio se presentaron los análisis de M. Béroud, toxicólogo marsellés de buen renombre.
Las conclusiones de los informes de Béroud estaban en los periódicos locales, circulaban en los cafés y aumentaban las discusiones sobre el caso de la Señora Besnard. A pesar de todo, todo se quedaba en esta reflexión: un buen informe no valdrá nunca lo que un buen testimonio.
La policía, sin que el juez de instrucción ordenase lo contrario, optó por introducir en la celda de Marie algunas personas infiltradas con la intención de ganarse la confianza de la dama, e incluso se procedió a contarle falsos testimonios de testigos inexistentes para arrancarle alguna confesión que la relacionase con la envenenadora que todos esperaban.
Estos métodos, lejos de inculparla, serían los medios para hacer bascular la opinión pública a su favor...
Cuando comenzó el juicio, el 20 de febrero de 1952, estas irregularidades todavía no eran sabidas por la opinión pública, pero en seis días todo basculó y los actuaciones poco éticas de la policía salieron a la luz.
Además, el examen del toxicólogo Béroud fue destrozado por una audaz defensa de la supuesta asesina. Al parecer, los restos que éste examinó fueron etiquetados con falta de rigurosidad absoluta. Las dosis de arsénico que mencionaba en su informe medida en miligramos, se encontraba definida en gramos en la página siguiente.
Ese día todo el mundo empezó a pensar que se estaba abusando un poco de la pobre señora con mantilla negra que sollozaba en silencio en el banco de acusados.
Finalmente, después de tres aplazamientos, termina el complicado juicio y Marie, en libertad desde 1954 fue absuelta el 12 de diciembre de 1961 por falta de pruebas.
Murió el 14 de febrero de 1980 con ochenta y ocho años, después de dar su cuerpo a la ciencia.
Los camposantos madrileños sufrieron más robos de metales durante el año pasado y se denunciaron atracos con violencia. Para tratar de evitarlos la empresa ha instalado cámaras en el cementerio Sur y en el de La Almudena.
Los cementerios se han convertido en objetivo prioritario en cuanto al robo de metales se refiere. En Madrid, algunos se han convertido en el lugar de trabajo para estos ladrones de cobre, como el Cementerio Sur y del de Carabanchel. Allí, decenas de cruces se han quedado sin su Cristo y las lápidas sin cualquier tipo de ornamentación.
Cobre, latón o cualquier otro metal son el objetivo para revenderlos. "Se llevan hasta barandillas y peldaños de las escaleras que hay para alcanzar los nichos más altos... se llevan hasta alcantarillas", han declarado los trabajadores del cementerio.
Para intentar evitar estos robos, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios ha instalado cámaras de videovigilancia: 12 en el Cementerio Sur y 19 en el de la Almudena, las dos necrópolis más grandes de Europa. La mayoría de estas cámaras se situan en los perímetros de la instalación, y no en el interior. Se intenta así sustituir en cierta medida el recorte de personal de vigilancia privada dentro de las instalaciones.
Sin embargo, un portavoz de esta empresa explica que es difícil acabar con estos robos, a pesar de la instación de estas cámaras, que apenas llevan unos meses funcionando y que asumen que seguirán ocurriendo aunque todos los robos están en manos de la Policía con su correspondiente denuncia. Los ladrones ya saben dónde están colocadas y entran por otros sitios, por lo que en un futuro colocarán más.
De momento, las cámaras no han surtido el efecto esperado ya que en el tiempo que llevan funcionando, la Policía confirma que no han 'pillado' a ningún ladrón, aunque el juez ya ha pedido algunas grabaciones.
Además de los robos, desde la comisaría de Carabanchel informan de otro delito insólito que se produce en el Cementerio Sur: el cambio de lápidas en los nichos. Los familiares de un recién fallecido roban la lápida de otro y se la ponen al suyo, poniendo con pegatinas el nombre del nuevo 'dueño' de esta lápida.
El sindicato CCOO ha ganado las elecciones sindicales en la empresa de seguridad Prosegur Compañía de Seguridad en la provincia de Cáceres y ha obtenido la mayoría absoluta en el Comité de Empresa.
La candidatura presentada por la Federación de Actividades Diversas de CCOO de Extermadura ha sumado cinco de los nueve delegados que se elegían para componer el Comité, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
La participación en estas elecciones fue del 70 por ciento de la pantilla, compuesta por 144 personas.
El Comité de Empresa es de nueva creación debido a que la empresa actual es el resultado de tres filiales anteriores de Prosegur. En concreto, Prosegur Transporte de Valroes, Prosegur Activa y Prosegur Actividades de Vigilancia.
CCOO agradece el "respaldo mayoritario" de los trabajadores y "asume su responsabilidad ante la difícil situación actual en el terreno ecónomico y en las condiciones laborales", señala.
De partida, CCOO muestra su rechazo a "la intención de la empresa de seguir reduciendo contratos y jornadas y a la negativa de la patronal a aplicar el salario pactado para 2012".
El concejal del PP Vicente García ha denunciado que Sur Euskadi, la compañía contratada por el Ayuntamiento para vigilar las inmediaciones del complejo de ocio Illumbe «es una empresa de servicios auxiliares sin competencias para realizar control de accesos», lo que habría motivado la presentación de una denuncia «por una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada 23/92, lo que podría suponer una sanción no inferior a 30.000 euros». El edil ha interpelado en comisión sobre este tema.
El Consistorio sacó a concurso la seguridad nocturna de este complejo en mayo de 2010, después de que este recinto pasara a ser de titularidad municipal. Con ello se pretendía garantizar que no se produjeran incidentes y debía vigilarse la franja horaria en tre las 18'30 y las 6'30 de la mañana. Los vigilantes que controlaran el complejo debían poder solicitar la identificación a quienes quisieran acceder al recinto.
Pero sin embargo, García aseguró ayer que “recientemente se ha abierto una propuesta de sanción por infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada 23/92, no inferior a 30.000 euros, por realizar labores de control e identificación, trabajo para el que sólo están autorizados, dentro del ámbito privado, los vigilantes de seguridad”.
En este sentido, el PP denunció que Sur Euskadi, una empresa de servicios auxiliares, no tiene competencias para efectuar estos controles. “Este tipo de prácticas ilegales, consideradas como intrusismo, son habituales en el mundo de la seguridad y han acarreado que tanto las autoridades como las propias empresas de seguridad hayan interpuesto numerosas denuncias”, indicó García. Y añadió: “En el pliego de condiciones se especifica que la empresa se encargará de ofrecer información en los accesos, de la custodia y comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones, del control del tránsito en las zonas comunes, de las tareas de recepción de visitantes así como de las de control de entradas con carnés privados, pero nunca te pueden pedir un carné de identidad”.
Por ello, el PP ha presentado una interpelación al alcalde, Juan Karlos Izagirre, en la que se pregunta al Gobierno “cuáles son los motivos por los que las labores de control y vigilancia a la entrada del recinto son realizadas por personal no autorizado” y si el Ejecutivo “tiene noticias sobre la propuesta de sanción incoada a la empresa Sur Euskadi”.
Un millar de empresas (450 de participación directa) estarán presentes en SICUR 2012, el gran referente profesional del sector de la seguridad integral que celebrará su 18ª edición del 28 de febrero al 2 de marzo en Ifema Madrid. Una vez más, la oferta reunida en torno a SICUR permitirá al visitante obtener una visión global de los avances y mejoras tecnológicas desarrolladas por esta industria en los dos últimos años, y conocer lo último en equipos, servicios y soluciones orientados a la protección y la prevención de riesgos.
Algunas empresas que colaboran habitualmente con armas.es expondrán en SICUR sus productos más destacados relacionados con el mundo de la seguridad profesional:
-BORCHERS, importador y distribuidor en España entre otras firmas de Smith & Wesson, Remington, Steyr, Blackhawk, Bushnell, o Uncle Mike’s, estará presente en el stand 10F27 (pabellón 10).
-SHOKE o SHOT Madrid, armería madrileña con más de 28 años de experiencia en el sector armamentístico, expondrá sus productos en el stand 10G32 (pabellón 10).
-USP (Uniformidad y Suministros de Protección, SL), importador y distribuidor oficial en España de las armas Heckler & Koch, estará en el stand 10F30 (pabellón 10).
-TEYDE, importador y distribuidor en nuestro país de marcas de reconocido prestigio como ESS, Camelbak o Gerber, nos esperará en el stand 10A02 (pabellón 10).
-SABORIT International estará por su parte en el stand 10G10, también del pabellón 10, y contará con una presencia muy destacada, ya que dos de sus nuevos productos, concretamente la linterna WiseLed Tactical NG 3300 y el detector de drogas portátil “DrugRead”, se encuentran entre los “Productos Seleccionados” por la organización de SICUR.
En el capítulo internacional, la participación de empresas en SICUR supone hasta la fecha el 17%, con la presencia de empresas procedentes de 18 países, entre los que se encuentran: Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Francia, India, Italia, Rep. Checa, Rep. de Moldavia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Suecia, Taiwán y Turquía.
Como es habitual, la oferta de SICUR contemplará el mundo de la seguridad en su más amplia perspectiva. Desde el sector Security, en el que seguridad privada y seguridad pública compartirán protagonismo, subrayando la complementariedad de ambos servicios; el área SICUR Prolabor, que mostrará las novedades en Elementos de Protección Individual (EPI), así como las líneas de investigación que desarrollan las empresas en su apuesta por la calidad de los equipos y sistemas de protección personal que garantizan la seguridad en el trabajo, y el sector Contra Incendios, con las novedades en seguridad pasiva y activa contra el fuego, y las últimas propuestas en elementos y equipos de protección.
Además, de forma paralela a la exhibición comercial y en el marco de ForoSICUR, se desarrollará un interesante programa de conferencias y jornadas técnicas, organizadas en colaboración con las Asociaciones sectoriales que forman parte del Comité Organizador de SICUR y en las que también participarán diversas empresas y otras entidades claves en seguridad.
Por otra parte, y con el fin de promover la investigación y desarrollo de innovación, en productos y servicios, la oferta de SICUR se completará con una interesante selección de propuestas y servicios de vanguardia recogidos en la Galería de Nuevos Productos. No faltarán en esta edición toda una serie de actividades, presentaciones, demostraciones operativas y exhibiciones que permitirán comprobar en vivo y en directo la eficacia de diferentes actuaciones y soluciones en seguridad en un marco de gran dinamismo e interacción profesional.
La empresa fabricante de grupos electrógenos Taigüer Generadores situada en Granollers (Barcelona) se ha despertado esta mañana con una desagradable sorpresa.
Su Almacén de grupos electrógenos ha sufrido un robo de cerca de 43 de estas máquinas y uno de los vigilantes de seguridad del polígono ha resultado herido al intentar detener a los asaltantes.
Durante los últimos meses esta zona de Cataluña ha sufrido más de 30 robos de este tipo, y lo más sorprendente es la gran logística necesaria para realizarlos.
Luis Martínez, uno de los técnicos presentes allí esta madrugada ha explicado que cada una de las máquinas tiene un peso mínimo de 800kg. “-Recibimos la llamada de los Mossos de Escuadra pero cuando llegamos ya era demasiado tarde, se habían llevado 2 contenedores. Sin duda lo han tenido que hacer con trailers, ya que los grupos no caben en una furgoneta de rumanos” explicaba Luis.
Por el momento, no se dispone de ningún tipo de información sobre el paradero de los grupos electrógenos ni de la identidad de los delincuentes. Los Mossos d'Esquadra están llevando la investigación de forma confidencial, para avanzar rápidamente en la investigación, como ha explicado Sergi Narváez, Subinspector jefe de Mossos de Escuadra de Granollers.
Pide la colaboración ciudadana y que cualquiera que tenga información de interés sobre narcotráfico la envíe a antidroga@policia.es
La Brigada Central de Estupefacientes gestionará todos los mails y sus actuaciones con la máxima confidencialidad, de forma anónima y segura
Sólo la Unidad central contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) Central ha realizado en 2011 decenas de intervenciones contra el narcotráfico, con 1.394 detenidos y 46.923 kilos de estupefaciente incautados y bienes intervenidos por valor de 40.142.820€
La Policía Nacional española pone en marcha la primera tweetredada contra la droga a través de su perfil en Twitter (@policia) y el resto de cuentas que utiliza en la web 2.0.
La Policía ha creado una cuenta de mail específica para esta operación, antidroga@policia.es, en la que los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la UDYCO atenderán todos los correos que lleguen con la máxima confidencialidad y analizarán toda la información recibida.
Los internautas pueden aportar cualquier dato que crean de interés sobre narcotráfico (ya sea a gran escala o el menudeo de su barrio) en esa cuenta de correo electrónico. Agentes especializados gestionarán cada email protegiendo el anonimato y priorizando la seguridad de los informantes.
La Policía va a enviar en horarios de mañana, tarde y noche solicitudes de colaboración en 140 caracteres con el hashtag #Tweetredada, que se podrán ver en http://twitter.com/policia
Colaboración eficaz y segura con la Policía
La Policía española quiere aprovechar la gran viralidad de las redes sociales y su cuenta en Twitter - la segunda más seguida en España de una institución pública, con más de 90.000 followers- para facilitar a los internautas una forma rápida, sencilla y segura de aportar información de utilidad sobre el narcotráfico.
Esta no es la primera acción de comunicación o petición de colaboración que realiza la Policía Nacional a través de las redes sociales: desde su lanzamiento en 2009, se han hecho diversas campañas, ya sean contra la pornografía infantil o para pedir a las víctimas de violencia de género que denuncien, y se han difundido los delincuentes más buscados o las obras de arte desaparecidas más relevantes.
Además, la Policía ha utilizado la web 2.0 para dar consejos de seguridad en Navidad y vacaciones de verano, para una navegación segura en Internet y numerosas alertas de fraude online.
Para evitar riesgos operativos o de seguridad para los colaboradores, la Policía Nacional recomienda que toda la información que se aporte a la Policía se haga de forma privada (a través del correo electrónico), para garantizar la privacidad y seguridad de las comunicaciones con la unidad especializada.
46.923 kilos de droga incautados en 2011 por la UDYCO Central contra el narcotráfico
La Unidad central contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO), en la que está integrada la Brigada de Estupefacientes, realizó en 2011 decenas de intervenciones contra el narcotráfico a gran escala, al margen de la infinidad de actuaciones llevadas a cabo por los agentes integrados en comisarías locales y unidades provinciales.
En las operaciones desarrolladas en 2011, la UDYCO central ha detenido a 1.394 personas implicadas en redes de narcotraficantes y se ha incautado de 46.923 kilos de droga: 36.279 kg de hachís; 10.434 kg. de cocaína y 144 kg. de heroína; miles de dosis de MDMA (éxtasis) en 3 kg. y decenas de miles de dosis de speed, en 63 kg.
Además, se han bloqueado 13.179.984 € y 66.238 $ en efectivo, 380 vehículos, 5 camiones, 39 embarcaciones, 1.654 teléfonos móviles, 44 armas cortas y 19 armas largas. El valor de los bienes incautados por la central de esta unidad totaliza 40.142.820 €.
A estas cifras hay que sumarle las hechas de forma descentralizada por los agentes de la Policía Nacional en toda España.
Los tweets de la Policía para pedir colaboración en la #Tweetredada
La Policía dará durante el día de hoy varios tweets para pedir la colaboración ciudadana de los internautas. Estos son algunos:
#Tweetredada: envíanos cualquier información que tengas sobre tráfico de drogas en tu entorno a antidroga@policia.es Máxima confidencialidad
Por favor, RT: Ayúdanos a “seguir” a los narcos. Cúentanos de narcotráfico en tu entorno en antidroga@policia.es (confidencial) #Tweetredada
"Todas las medidas de seguridad, tanto del local como del complejo, funcionaron perfectamente", ha declarado el propietario de la joyería que fué atracada en el Alcampo de La Laguna el martes pasado. Pero los autores son "unos profesionales", que "sabían lo que hacían".
Los autores del robo consiguieron casi 400.000 euros en joyas y ya es seguro que pertenecen a un grupo organizado que planificó cuidadosamente el asalto. Fuentes policiales señalaron que resulta evidente que este delito no estuvo protagonizado por "aficionados". Al menos tres de los miembros accedieron a la tienda, mientras uno o dos esperaron en el exterior para facilitar la fuga.
Tras llegar a la cubierta de la nave de Alcampo, los delincuentes hicieron el "butrón" (agujero) en el techo exactamente sobre la joyería Oromax. El hueco por donde cabe una persona no se ve desde ningún otro espacio del centro comercial, solo desde la tronja o depósito de dicha tienda. Desde el suelo de la joyería hasta el lugar donde se hizo el "butrón" hay una altura de unos 15 metros. No se descarta que los delincuentes usaran algún dispositivo de localización por satélite (GPS) para hallar el punto exacto donde tenían que hacer el hueco. Todos esos movimientos fueron realizados sin que los vigilantes pudieran detectarlos, ni siquiera cuando la sirena del comercio sonó por primera vez.
Una de las hipótesis que barajan los investigadores de la Policía Nacional acerca de la autoría del robo en la joyería OroMax, apunta a la posibilidad de que los delincuentes formen parte de una banda del Este de Europa recién llegada a Tenerife.
En este sentido, la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una nota informativa para alertar a todas sus unidades de la actuación de un grupo criminal organizado que podría volver a actuar en los próximos días aprovechando los Carnavales.
Fuentes de la Benemérita se inclinaban por autores de nacionalidad rumana, los cuales han desembarcado en la Isla y aparecen implicados en gran parte de los delitos de mayor alarma social.
Medio centenar de trabajadores de la empresa Esabe, adjudicataria de los servicios de seguridad y limpieza en las oficinas de Hacienda y Correos, comenzaron su huelga con una sonora protesta ante la sede de la Delegación de la Agencia Tributaria en Las Palmas.
Los empleados de Esabe, empresa encargada en toda España de la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones de Hacienda y Correos, protestan por los retrasos en el cobro de sus nóminas y por la decisión unilateral de la empresa de retirar de las pagas una serie de complementos, según ha explicadoJacinto Ortega, coordinador de seguridad privada de Intersindical Canaria.
Las retribuciones en vestuario y transporte que venían recogidos en su contrato, se han visto mermadas en unos 200 euros al mes para unos sueldos de 900 euros de media.
Los trabajadores han decidido seguir adelante con sus reivindicaciones al no conseguir un acuerdo con la empresa y ahora esperan que sea un juez quien dictamine, en el Tribunal Laboral Canario.
Ricardo García, responsable de seguridad del sindicato de CCOO Huelva, ha denunciado que la empresa de seguridad ESABE continúa sin abonar la nómina de diciembre a sus trabajadores, y que además ha reducido a la mitad la paga de navidad a su plantilla. Los retrasos reiterados en el pago de las nóminas ya son habituales desde el pasado mes de agosto.
García también ha advertido que al personal que ha salido subrogado de Atlántic Copper y de FORET no se les está pagando ni las nóminas ni los finiquitos, algo que les ha llevado a una situación precaria. De hecho, García ha asegurado que “este impago de las nóminas se ha producido en unos meses especialmente complicados para las familias, y por ello exigimos que se ponga solución a esta situación lo antes posible, pensando en los trabajadores y en las personas que tienen a su cargo”.
Desde el sindicato provincial de AADD de CCOO Huelva se ha vuelto a hacer un llamamiento a los clientes de ESABE Vigilancia, S.A., para que se informen de la situación de los trabajadores, y puedan insistir a la empresa para que las nóminas de la plantilla se paguen a tiempo y según lo pactado.
La empresa de seguridad Magasegur, una de las principales empresas del sector en la Región de Murcia, ha cerrado el ejercicio de 2011 con una facturación de siete millones de euros, prácticamente el doble de lo facturado en 2010. Y las expectativas son llegar a los 9 millones para éste ejercicio.
Megasegur se fundó en 2002 por Mariano García, cuenta con unos 400 trabajadores y está en pleno proceso de expansión a otras comunidades como Madrid, Valencia y Andalucía, con la perspectiva de llegar en un plazo medio al resto del país.
Cabe destacar qye es la única empresa murciana del sector que ofrece servicio de escoltas privados, debidamente acreditados por el ministerio del Interior y prestados por personal cualificado en análisis y actuación ante situaciones de riesgo que, al igual que los vigilantes de seguridad, se han formado mayoritariamente en el propio centro de formación del que dispone la empresa.
Magasegur fue distinguida el pasado noviembre por la dirección general de Policía por su actuación tras el terremoto de mayo en Lorca. Los vigilantes de esta empresa demostraron “una gran profesionalidad y abnegación en el desarrollo de su trabajo, tanto en su función humanitaria como en la de vigilancia, colaborando con las Fuerzas de Seguridad del Estado, con Protección Civil y con la Unidad Militar de Emergencias”.
Entre los clientes de Magasegur figuran constructoras como Dragados, FCC, Intersa, Ferrovial y Acciona; entes públicos como Televisión Española, la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de Lorca; y empresas de prestigio como Cortefiel, Lidl, o el club de fútbol del Real Madrid.
Además de los servicios de vigilancia y escoltas privados, la empresa se ha especializado en seguridad electrónica: sistemas de alarmas, cámaras de vigilancia y protección de vehículos, fundamentalmente.
CCOO reúnirá este miércoles a su Consejo Confederal y UGT a su Comité Confederal, máximos órganos de decisión entre congresos, para ratificar el acuerdo que han alcanzado con las patronales CEOE y Cepyme.
La patronal celebrará también hoy una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva para dar el visto bueno al pacto.
El acuerdo establece que los salarios pactados en convenio "no deberían exceder" del 0,5% este año aunque podrá activarse una cláusula de actualización al final del ejercicio en determinadas condiciones.
Para 2013, los salarios "no deberían exceder" del 0,6%, con una cláusula de revisión que actuaría en los mismos términos que la establecida para 2012. Para 2014 se establece una horquilla salarial, con un suelo de hasta el 0,6% y un tope del 1,5%, en función de la evolución que tenga el PIB en 2013.
Según el texto redactado por los agentes sociales, si el crecimiento del PIB a precios constantes es inferior en 2013 al 1%, el aumento salarial de 2014 no excederá del 0,6%. Si el PIB supera el 1% pero no llega al 2%, la subida salarial no pasará del 1%, pero si el PIB alcanza o no supera el 2% en 2013, el incremento salarial de 2014 no excederá del 1,5%.
Sindicatos y empresarios establecen en el acuerdo que los beneficios distribuidos deben evolucionar de manera moderada para poder dirigir una mayor parte de los excedentes empresariales a inversiones y sostienen que es preciso "adecuar" la retribución de altos directivos y ejecutivos de las empresas.
Uno de los aspectos más demandados por los sindicatos para firmar un acuerdo de moderación salarial era el control de precios y por ello en el texto se precisa que se hará "especial seguimiento y vigilancia" de la evolución de precios de los bienes y servicios que repercuten en mayor medida en las rentas más bajas.
El acuerdo entre los agentes sociales incluye también medidas para favorecer la flexibilidad interna, cláusulas de descuelgue cuando se acredite que el cumplimiento del convenio es pernicioso para las empresas, y la defensa de los convenios provinciales, además de emplazar a los convenios sectoriales a propiciar la negociación en la empresa de la jornada, salarios y funciones de los trabajadores.
El acuerdo salarial experimentó un empujón durante una reunión entre los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de CEOE, Juan Rosell.
Este acuerdo supone un tanto importante para el diálogo social después de haber fracasado las negociaciones para pactar una reforma laboral amplia, con cambios en el modelo de contratación, aspecto en el sindicatos y empresarios no han podico llegar a un pacto. Ahora será el Gobierno quien legisle.
Miles de personas protestan en Sevilla y en otras 40 ciudades para mostrar su rechazo a la sentencia que condena a veinte años de prisión a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo pero absuelve a los otros tres acusados del crimen cuando se cumplen tres años de su muerte.
Según la Policía Nacional, 40.000 personas han participado hoy en la manifestación que se ha celebrado en Sevilla para pedir justicia para Marta y también para arropar y apoyar a los padres de la joven, Antonio del Castillo y Eva Casanueva.
La manifestación comenzó en la Plaza Nueva y finalizó frente al Palacio de Justicia donde se dictó el polémico fallo que ha causado la indignación de Sevilla y de España entera, llevando a miles de eprsonas a la calle para exigir cambios en el Código Penal y la Ley del Menor. Allí leyó un manifiesto la coordinadora de la Plataforma Marta del Castillo, ante los miles de manifestantes que llevaban velas blancas en homenaje a la desparecida en el tercer aniversario de su muerte.
«Es muy emocionante, porque después de tres años no imaginaba que la gente nos iba a apoyar tanto. Nos hemos sentido siempre muy queridos pero hoy más», dijo, casi sin voz Eva en un momento de la marcha.
Todos los que ayer salieron a la calle en cualquier ciudad, pusieron voz al sentimiento en contra de una decisión judicial que no se puede comprender. Ayer la gente se expresó con contundencia e indignación: «Menos favores y más Justicia», «De los españoles, que no se rían», «Jueces y abogados, estáis equivocados», «Juez si tuvieras una hija tú que harías», «Si Marta no está, qué hacen en la calle», «Esta Justicia, no la queremos», «Asesinos a la cárcel», «Justicia para Marta», «¿Dónde está el cuerpo?», «Esta Justicia, no es justa», «El pueblo soberano pide Justicia», .
«Esta es la palabra del pueblo, a ver si la escucha ahora quien la tiene que escuchar», aseguraba Antonio al que acompañaron también Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, y la madre de Sandra Palo.
Antonia López, coordinadora de la Plataforma, leyó un manifiesto en el que agradeció el apoyo recibido tanto en Sevilla como en toda España. En él lamentó que «los padres de Marta no sólo tienen que sufrir por la pérdida de su hija, también porque estos indeseables no les dicen dónde está el cuerpo y nadie ha sido capaz de sacárselo». A esto se suma, según dijo, «el revés de la Justicia que los desampara y da más derechos a los criminales».
Si hay una imagen que puede definir los sentimientos de tristeza e indignación que se han entremezclado tras la sentencia de la Audiencia ésta es, sin duda, la fotografía del sincero abrazo en el que se unieron los padres de la joven y el mando policial que estaba al frente del dispositivo de seguridad de la manifestación. Un agente que forma parte de las unidades que han recibido numerosas críticas por esta investigación, pero que no han parado de buscar a Marta en todo este tiempo.
El caso de Marta del Castillo se ha convertido en una cuestión de Estado. Miles de personas reclaman justicia pero es probable que los tribunales nunca se la den. Marta sigue desaparecida y tampoco nadie ha sido capaz de encontrar su cuerpo o de conseguir que aquellos que los saben rompan su silencio cobarde. Es por eso que hay que cambiar las leyes: para evitar otro fracaso como éste y que nunca más tengamos que lamentarnos de que no hay castigo para los asesinos y encubridores, ni justicia para las víctimas. Que el olvido no nos haga cómplices.
España se ha colocado, con la importante subida fiscal aprobada por el Gobierno, en el tercer lugar de la lista de países europeos que más gravan las rentas personales. Ésta subida fiscal eleva hasta el 52% el tipo máximo del impuesto sobre la renta, siete puntos más que en 2011. Así, España pasa de ocupar la undécima posición en la lista de tipos del IRPF, ordenados de mayor a menor, a colocarse en el tercer puesto, que comparte con Holanda. Solo Suecia y Bélgica aplican gravámenes superiores. Aunque el 85% de la recaudación que se obtiene con este tributo proviene de los salarios de los trabajadores.
Pero para aclarar las cosas hay que decir que ésta subida no implica que las arcas del estado vayan a incrementar notablemente sus ingresos. Lo cierto que es éstos recursos dependen también del umbral de rentas a partir de las cuáles se aplica el gravamen. Y en el caso español, ese 52% gravará a un colectivo casi testimonial de los contribuyentes: los que declaran al año más de 300.000 euros de base liquidable (una vez descontados los mínimos personales, familiares y las aportaciones a planes de pensiones, entre otros). Es decir, sus ingresos reales tienen que ser superiores a esos 300.000.
De las casi 19 millones de declaraciones presentadas con el IRPF de 2008 (son los últimos datos disponibles con todo el desglose de los tramos de renta), solo 19.106 tenían una base liquidable superior a 360.000 euros. En el tramo anterior (de 240.000 a 360.000 euros) también puede haber declarantes afectados por la medida, pero en todo caso, apenas superan el 0,1% de los declarantes de renta. Es decir, esa fiscalidad tan elevada la experimentará una parte casi despreciable de los contribuyentes, por lo que los incrementos en esos niveles de renta resultan más cosméticos que reales.
El peso de los impuestos directos (como la renta o sociedades) sobre el total de la fiscalidad está alineado con la media de la Unión Europea (32,8% del total). En cambio, en fiscalidad indirecta hay más recorrido para la equiparación con el entorno comunitario, aunque el Gobierno ha decidido no tocarla de momento. El peso del IVA, el tributo indirecto más importante, supone un 13,5% del total de la fiscalidad, frente a la media del 21%. Si se mide el impacto de este tributo en relación con la economía, se obtiene que en España la recaudación representa un 4% del PIB, mientras en el promedio de la Unión Europea el porcentaje se eleva al 7,4%
Ayer se reunieron en una comida organizada por el Ministerio de Exteriores, los máximos responsables de 30 de las empresas más importantes de España. En dicha reunión se intentaron sentar las bases para potenciar las exportaciones españolas en estos momentos de crisis.
"Ha sido una reunión donde hemos podido transmitir nuestras ilusiones", señaló Antonio Vázquez, presidente IAG a la salida de la reunión. Inicialmente estaban convocados 25 empresarios, pero ante las peticiones de asistencia, los organizadores ampliaron la invitación a cinco compañías más. James Muir (Seat), Antonio Vázquez (IAG), Bernardo Velázquez (Acerinox). Santiago Bergareche (Cepsa), Luis Delso (Isolux) y Helena Revoredo (Prosegur) se sumaron también a la comida a la que asistió por parte del Gobierno la ministra de Fomento Ana pastor, el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, en calidad de anfitrión.
En la comida, el Gobierno se comprometió a potenciar el papel de las embajadas para ayudar a las empresas a exportar y mejorar la imagen del país a través de la marca España. Para ello, los Ministerios de Economía y de Exteriores constituirán un grupo de trabajo donde se concretarán las tareas a realizar. El Gobierno también se ha comprometido a poner las empresas públicas al servicio del sector privado para contribuir a instalarse en nuevos mercados.
La falta de espacio y personal pasa factura a algunos juzgados como el de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Cada vez hay más retrasos en los sumarios y las condiciones de trabajo impiden garantizar la mínima seguridad exigible a un juzgado y los casos que se investigan.
Las paredes del vestíbulo están llenas de estanterías y armarios con papeles, carpetas y archivadores. Incluso pueden encontrarse amontonadas en el suelo cajas precintadas con sumarios al alcance de cualquiera que pase por allí, sean abogados, procuradores o ciudadanos afectados por algún caso.
Para acceder a las dependencias hay que pasar un arco de seguridad vigilado por un profesional, pero a veces son ellos los que tienen que informar al público y el arco puede llegar a quedar desatendido.
En las pareces del juzgado cuelgan algunos carteles que revelan la falta de medios —«No a los recortes en Justicia, menos medios, más atasco y peor justicia»— y también la falta de personal: «Seguridad no es información».
Ayer por la noche fué asaltada la joyería Oromax del centro comercial Alcampo de la Laguna, en Santa Cruz de Teneife. Los autores del robo consiguieron un botín de unos 200.000 euros en relojes, anillos, gargantillas y otros efectos, según ha denunciado su propietario, Máximo Correa.
Todo comenzó sobre la una, cuando la alarma saltó por primera vez. Seguridad Integral Canaria acudió a la joyería, pero los guardias no observaron nada sospechoso. Lo que no sabían era que en esos momentos los delincuentes se encontraban escondidos en su interior y preparados para llevarse el botín.
Veinte minutos después la alarma volvió a saltar y cuando los vigilantes de Seguridad Integral Canaria regresaron a la joyería, encontraron una cuerda de tela de saco colgando del techo, lugar por donde entraron y salieron los ladrones. Había numerosas bandejas de joyas vacías y algunas de las herramientas que abandonaron los delincuentes.
De momento, ni los propietarios de la joyería, ni el jefe de seguridad de la empresa de protección han querido pronunciarse. Únicamente hay un cartel colgado en la peurta de la joyería indicando que ésta permanecerá cerrada hasta el proóximo viernes por inventario.
Este es el tercer robo a joyerías sin esclarecer en Tenerife en el que los autores consiguen un sustancioso botín. Los otros dos ocurrieron en octubre en Granadilla de Abona, donde se apoderaron de unos 100.000 euros en joyas, y en diciembre en San Miguel de Abona, donde los delincuentes robaron alhajas que la víctima valoró en 300.000 euros, aunque la Policía cree que no fue tanto.
Jesús Villa, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA), ha denunciado lo que a su juicio refleja la falta de coordinación entre cuerpos: una mujer con una orden judicial de busca y captura trabajó durante meses de limpiadora en la comisaría de Avilés.
Según ha explicado Villa, la mujer fué enviada por una empresa contratada para las tareas de limpieza de la comisaría sustituyendo a la empleada habitual de los fines de semana y festivos, y sobre ella recaía desde 2010 una orden de búsqueda y captura.
"Esta persona deambulaba libremente por la comisaría de la Policía Local y esto es lo que puede pasar cuando se externalizan los servicios públicos", ha decalrardo Jesús Villa, que ha hecho ver que en este tipo de dependencias existe una documentación "que requiere de un sigilo".
La mujer, que estuvo trabajando en la comisaría de Avilés durante meses, fue detenida la pasada semana por agentes de la Policía Nacional, según informaron fuentes policiales.
El PP ha calificado hoy de "grave" este incidente y ha pedido una reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana para establecer una mejor coordinación "ya que es lo que quedó en evidencia".
"Lo cierto es que esto nos pone en el comentario general y el hazmerreír de todo el mundo, porque si no fuera porque el tema es serio, parece más propio de un guión de Torrente", ha recalcado el portavoz del PP.
Por su parte, el concejal de Policía Local en el Ayuntamiento de Avilés, Pedro García, minimizó ayer el asunto y explicó que «parece ser que buscaban a la mujer por una notificación de domicilio», a la vez que defendió que se trata de «una persona libre con derecho al trabajo». El edil responsable de la Policía Local también aclaró que, tras pasar por el Juzgado, «la mujer ya está libre y en su domicilio».
Ignacio Cosidó, director general de la Policía, ha advertido sobre la amenaza terrorista yihadista que "persiste" en Cataluña, donde se han desarticulado doce células islamistas los últimos seis años.
Así lo ha declarado Cosidó en su intervención en Barcelona durante la toma de posesión de Agustín Castro Abad como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, advirtiendo que la Policía Nacional centrará todos sus esfuerzos en impedir la comisión de cualquier atentado o acción terrorista, usando todos los instrumentos que permite el Estado de Derecho.
El segundo principal "desafío" de la Policía Nacional en Catalunya -según Cosidó-, es combatir el crimen organizado, ya que Barcelona se ha convertido en un "punto de atracción" para las redes trasnacionales de delincuencia organizada por su "dimensión, dinamismo y posición geoestratégica en el Mediterráneo". La cooperación policial es fundamental para hacer frente a la amenaza que representan estas redes para Catalunya y el conjunto de España.
Otro de los principales retos de la Policía Nacional en Cataluña es combatir la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. El pasado año se desarticularon un total de 44 redes dedicadas al tráfico de personas y se practicaron más de 1.200 detenciones por falsificación de documentos o explotación laboral o sexual de extranjeros.
Cosidó también ha planteado como reto aumentar la vigilancia sobre los grupos radicales antisistema, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que supongan un riesgo para la convivencia. "No hay espacio posible de impunidad ante ningún delito", ha advertido Cosidó, que ha apuntado que la colaboración con los otros cuerpos policiales, especialmente los Mossos d'Esquadra, será "vital" para alcanzar una calidad de respuesta óptima.
Al acto han acudido, entre otros, el conseller de Interior, Felip Puig, la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, altos mandos policiales, el director del aeropuerto de Barcelona, Fernando Echegaray, el presidente de la Fira de Barcelona, Enric Lacalle, y el delegado del Consorcio de la Zona Franca, Jordi Cornet
La Jefatura Superior de la Policía Nacional de Cantabria ha advertido de un fraude a través de Internet valiéndose de su nombre del que de momento se han contabilizado dos casos en Santander, además de denuncias e intentos en ciudades como Cádiz, Valladolid, Granada y Santiago de Compostela.
Según han explicado en un comunicado, el fraude consiste en que a los usuarios les aparece de repente en sus pantallas un logotipo en el que figura el membrete del Ministerio de Interior, Cuerpo Nacional de Policía, donde se les informa de que su ordenador ha sido bloqueado por haber visitado paginas con contenido pornográfico y de índole sexual o terrorismo, lo cual, dice, es constitutivo de infracción a las leyes españolas.
A continuación se les ofrece mediante pago de 100 euros, a través de ukash (método de pago online), un código numérico para desbloquear la terminal.
La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional recomienda para detectar y evitar, éste y otras tipos de fraudes online mantener el sistema operativo, programas y navegador del ordenador, tablet o smartphone actualizados, con un antivirus de confianza instalado y un Firewall.
Además, insta a ser precavidos al comprar online, comprobando que las páginas de comercio electrónico operan con un sistema seguro --https, frente al habitual http--, o que el pago se efectua a través de canales que permiten conocer la identidad y fiabilidad del destinatario.
Asimismo, se recomienda que no se atienda "jamás" un correo de 'pishing', que debe reenviarse a la Policía, y que no se debe abrir nunca ningún link de fuente desconocida o que se sospeche que proced de una cuenta "secuestrada" (clickjacking).
Se pide precaución con los servicios o contratos a los que uno queda suscrito de forma automática sin saberlo, y revisar de forma periódica las cuentas corrientes, para así poder detectar pagos indeseados.
Registrados domicilios en 11 comunidades autónomas e incautado abundante material informático de almacenamiento de datos y un arma de fuego La colaboración ha sido clave en las tres investigaciones, que se iniciaron gracias a ciudadanos que acudieron a denunciar los hechos a varias comisarías Hay también seis personas imputadas por la tenencia y distribución de archivos con contenidos de este tipo
Agentes de la Policía Nacional han culminado tres operaciones contra la pornografía infantil en Internet que se han saldado con 16 personas detenidas y seis más imputadas. Han sido registrados domicilios en 11 comunidades autónomas e incautado abundante material informático de almacenamiento de datos y un arma de fuego. La colaboración ha sido clave en las tres investigaciones, que se iniciaron gracias a ciudadanos que acudieron a denunciar los hechos a varias comisarías.
Las tres operaciones comenzaron tras las denuncias que presentaron varias personas, que detectaron los enlaces en la Red, en las comisarías de la Policía Nacional de Ruzafa y Sagunto (Comunidad Valenciana). Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes especializados en la lucha contra los delitos telemáticos, se han centrado en la localización de los usuarios que pudieran compartir este tipo de archivos en Internet, a través de redes de intercambio de ficheros.
Las pesquisas condujeron hasta varias personas que ponían a disposición de otros internautas diferentes archivos con nombres que hacían clara referencia a contenido de pornografía infantil. Los agentes localizaron los domicilios desde los que se intercambiaban estos ficheros y solicitaron los correspondientes mandamientos judiciales para registrar el interior de las viviendas.
Dispositivos coordinados
La entrada en los inmuebles se ha producido de manera coordinada y ha afectado a domicilios repartidos a lo largo de toda la geografía nacional, en concreto en 11 comunidades autónomas. Las operaciones se han saldado con 16 personas detenidas -en Madrid (4), Valencia (3), Huesca (2), Barcelona, Lleida, Islas Baleares, Cartagena, Vitoria, Soria y Huelva- y seis más imputadas –en Madrid, Coruña, Tenerife, Almería, Valladolid y Sevilla- como presuntos responsables de delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil. Además, los agentes se han incautado de un total de 14 ordenadores, 59 discos duros, cerca de 1.000 DVD, 12 memorias USB y 6 tarjetas de memoria que los implicados utilizaban para almacenar archivos informáticos. En uno de los registros, los investigadores han localizado también un arma de fuego, que ha sido intervenida.
Los especialistas de la Policía Nacional piden a los internautas que, ante cualquier imagen de pornografía infantil localizada en la Red, pueden remitir de forma privada los enlaces a la BIT a través del correo denuncias.pornografia.infantil@policia.es para ser investigados. También se puede presentar denuncia formal en persona en cualquier comisaría de policía.
Las operaciones han sido dirigidas y coordinadas por el Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, que ha contado con el apoyo de las plantillas policiales donde se han realizado los registros y detenciones.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer durante la celebración de los X Premios Internacionales de Periodismo que el Gobierno tiene "motivos sobrados para dudar de las buenas intenciones de ETA" y ha asegurado que creerá que la banda terrorista ha dejado de actuar "el día que deje definitivamente de existir porque por ahora, siguen ahí como una larva".
Jorge Fernández Díaz ha afirmado que los etarras han abandonado la violencia porque el Estado ha anulado su capacidad operativa, no porque hayan cambiado moralmente. Su derrota es el resultado del trabajo de la Guardia Civil, la Policía, el testimonio de las víctimas, la ley de partidos y la cooperación internacional con Francia.
"El Estado va a continuar actuando mientras ETA exista y no se disuelva", ha advertido Fernández Díaz. "El Estado de Derecho no está en tregua e impedirá a los terrorista recuperar su aparato logístico para tutelar a la sociedad vasca y española".
"Quien pertenezca a ETA es un terrorista y la Guardia Civil y los policías los detendrán y los pondrán a disposición judicial como ha pasado últimamente y pasará cuantas veces sea necesario", ha concluido.
Las palabras del ministro del Interior reflejan las discrepancias que existe entre el Gobierno Central y el Vasco. Durante la reunión que mantendrán hoy Fernández Díaz y Ares, la cuestión de fondo sobre el cese de ETA condicionará los temas que hoy abordarán el ministro y el consejero vasco: la previsible retirada de escoltas, la política penitenciaria y la creación del memorial de las víctimas del terrorismo.
Lo más sorprendente de todo es el cambio de actitud del ministro del Interior, ya que hace una semana valoró que el cese de la violencia de ETA era “definitivo” tras el comunicado de la banda del 20 de octubre pero ayer desbarató esta tesis al dar por buena una información periodística de La Gaceta -que nadie respaldó- que señalaba que había vuelto la extorsión etarra al pequeño comercio las pasadas navidades y que la banda terrorista trataba de “reconstruir de forma latente su aparato logístico”.
Algunas fuentes interpretan que el ministro del Interior “está desorientado porque acaba de estrenar el cargo”. Otras fuentes creen que “con esta actitud, el nuevo titular de Interior trata de tomar posiciones firmes en política penitenciaria ante las conversaciones que hoy inicia con el Gobierno vasco”.
José María Paéz, juez decano de Málaga, ha zanjado la disputa sobre la competencia planteada entre dos jueces de instrucción que rechazaron investigar el robo de 220 kilos de droga de una nave custodiada por la Guardia Civil.
El magistrado decidió adjudicar el caso a la titular del Juzgado de Instrucción número 12, María del Mar Rebolloso, que ya investigaba la denuncia presentada por la sustracción de la furgoneta que acabó usándose en el asalto unos días después de ser robada.
Han tenido que pasar dos meses para que por fin haya un juez instructor que dirija la investigación. La cuestión de competencia planteada por dos magistrados (el de instrucción número 7 y la titular del 12) que rechazaron hacerse cargo del caso comprometía llevar a buen fin las diligencias del caso, pero fuentes judiciales aclararon que la causa iba a ser instruida provisionalmente por el juez en el que inicialmente recayó el asunto.
No obstante, la Fiscalía optó por presentar a mediados del pasado mes de diciembre un recurso ante la Audiencia Provincial para que ésta se pronunciara sobre la competencia, pero la respuesta del tribunal ha tardado un mes y su vez ha delegado la toma de una decisión poniéndola en manos del Juzgado Decano por ser el «órgano competente» para resolver los problemas de competencia. Por tanto, no resolvió nada al respecto, regresando al punto de partida.
El juez decano, José María Páez, decidió ayer mismo zanjar esta cuestión. Así, resolvió adjudicar al Juzgado de Instrucción número 12, en el que ya se investigaba el robo de la furgoneta, la instrucción del asalto a la nave del puerto. Han hecho falta dos meses sólo para saber quién iba a ser el instructor definitivo.
Mientras se encontraba una salida al limbo judicial, un equipo multidisciplinar de la Policía Nacional -integrado por agentes de Udyco (drogas), Udev (robos), Policía Científica y Seguridad Privada- ha seguido y sigue trabajando en la investigación del caso.
UGT Granada denuncia que las empresas de seguridad privadas están saltándose el Convenio para hacer competencia desleal, abaratando sus servicios a costa de los salarios de los trabajadores. Según el sindicato las empresas no quieren pagar las subidas salariales firmadas, pero sí han subido a los clientes la subida correspondiente.
David Arenas, Secretario Sectorial de Seguridad de la Federación de Servicios (FES) de UGT Granada, ha denunciado que "numerosas empresa del sector de la seguridad privada en nuestra provincia están intentando descolgarse del Convenio Colectivo de aplicación, con vigencia entre 2009 y 2012, para no acatar las tablas salariales firmadas, tal y como ya han hecho algunas empresas como Alhambra Seguridad en Granada".
En concreto, las subidas salariales firmadas eran las siguientes: • Para los años 2009 y 2010 no había subida salarial en ningún concepto • Para el año 2011 se subía en todos los conceptos el 1% • Para el año 2012 se subía el IPC real del 2011 más la diferencia del IPC del 2010 con el 1% que se adelantó en 2011. En resumen, con un IPC para este año del 2,4% se realizaría una subida del 4,4% para el total de los conceptos salariales.
Según David Arenas, las empresas han pretendido que los Sindicatos acepten la no aplicación de las subidas pactadas, amparándose en la situación económica actual, lo que lógicamente los representantes de los trabajadores no han aceptado al ver que las empresas sí han aplicado subidas a los clientes. Ante la negativa creen que se está aplicando “un atajo” para no pagar las subidas a los trabajadores, y las empresas están pidiendo desvincularse del convenio, alegando pérdidas económicas.
El representante de UGT tiene la impresión de que las pequeñas empresas de seguridad privada están usando ese sistema para poder quitarle los servicios a las empresas de mayor volumen, ya que con ése ahorro pueden ofertar a los clientes un precio menor por hora de trabajo, perjudicando directamente a los trabajadores y trabajadoras que verán aún más reducidas sus nóminas.
Desde UGT no se va a permitir que por coacción o intereses personales, se firmen unos descuelgues salariales que afectarían al resto de trabajadores del sector en la provincia.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser Canarias) celebra la operación efectuada por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría (GOSP) del Sur de Tenerife "contra el intrusismo en el sector, al detectar y esclarecer una de las actividades típicas de competencia desleal como es el fraude a la Seguridad Social", pero también pide que a partir de ahora se investigue con rigor a las empresas que practican descaradamente la competencia desleal.
La 'operación Mangosta' que ha denunciado estos hechos fraudulentos, se ha vinculado a la denominada 'operación Rayo', que tuvo lugar a final del pasado verano y en la que se desarticularon operaciones empresariales de servicios de seguridad fraudulentos que eran prestados por efectivos no habilitados por el Ministerio del Interior y que además transportaban fondos al margen de la legalidad.
"La actuación policial y el celo demostrado en la persecución de estas prácticas de intrusismo y competencia desleal cumplen nuestras expectativas", puesto que Aproser ya las había denunciado en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y a los responsables policiales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Aproser Canarias expresa su "confianza en que la diligencia demostrada por el GOSP y el golpe contra el fraude a la Seguridad Social, impulse la investigación de otras prácticas reiteradamente denunciadas de forma que el incumplimiento de la ley y el enriquecimiento injusto no sean ventajas a la hora de la concurrencia empresarial, lo que se valora especialmente en el contexto de las dificultades que se derivan de la crisis económica".
Las medidas reducción del gasto público necesarias han obligado al Ayuntamiento de Melilla a ajustar el presupuesto al máximo y para ello, la Consejería de Seguridad Ciudadana, «siguiendo los criterios marcados por el presidente Juan José Imbroda», ha decidido integrar toda la seguridad privada en un sólo contrato para reducir la partida económica que se destina a este fin.
Así lo ha declarado a COPE el consejero Francisco Javier Calderón: «A este punto se destinará una parte importantísima del presupuesto, porque estamos hablando de la seguridad privada de todos los centros y recintos que dependen de la Administración local, que son muchos y muchas horas a cubrir», explicó el popular, quien, a modo de ejemplo, se refirió al Parque Hernández, el Parque Forestal Juan Carlos I, la Plaza Multifuncional de San Lorenzo o el Parque del Agua, «lugares que necesitan ser vigilados».
Otra parte importante del presupuesto de Seguridad Ciudadana irá destinado al mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, además de a la sala 112, «teniendo en cuenta que hay servicios que, de igual modo, necesitarían un incremento de la partida económica».
Entrevista al presidente de la máxima instancia judicial vasca, el Tribunal Superior de Justicia sobre las complejidades de la Euskadi en paz. De ello y de otras cuestiones vinculadas a la Justicia habla en su primera entrevista en prensa tras el cese de ETA del 20 de octubre.
¿Qué supuso para un magistrado como usted ese anuncio?
Desde la perspectiva que dan estos tres meses, significó un claro alivio en la vida cotidiana. También lo sentimos como que puede llegar a abrirse un nuevo ciclo en la convivencia política del País Vasco. Subrayo lo de 'puede' porque todavía se mantienen incertidumbres. La mayor es la que se deriva de que ETA no se haya disuelto. El segundo factor de incertidumbre se refiere al discurso político de quienes provienen del mundo de Batasuna y están ejerciendo responsabilidades de representación. Ese discurso no responde aún a las características del discurso democrático. No vivimos en una democracia militante y, por lo tanto, no es exigible que el discurso sea democrático. Pero sí tiene que ser respetuoso con las claves del Estado de Derecho. No está siendo un discurso que podría calificar de democrático, aunque sí se mueve en las claves de sujeción a las premisas del Estado de Derecho.
¿Es un avance aún insuficiente?
Eso supone que se ha iniciado un proceso todavía inconcluso de reconocimiento del Estado de Derecho, de que la convivencia política debe desarrollarse en claves que para el Estado de Derecho se establecieron hace ya 200 años. Y, a la vez, significa que el horizonte que actúa como fuente del discurso político, adónde se quiere llegar, no está claramente entroncado en el Estado social de Derecho y en las decisiones constitucionales. Es un recorrido en el que se cumplen los niveles mínimos, pero falta el discurso político en el que la clave sea la noción de ciudadanía en libertad, en igualdad, con valores como el pluralismo, la tolerancia y también la Justicia. Porque el valor de la Justicia tendrá que ser el que, en algún momento, defina el discurso de esa fuerza política; el que nos dé el contenido de su discurso sobre la verdad del pasado, sobre ETA como fenómeno delincuencial, sobre la actitud respecto a las víctimas.
¿Se sienten concernidos cuando la izquierda abertzale reclama la flexibilización de una política penitenciaria que cree vengativa?
Sí, la Judicatura no puede dejar de sentirse concernida, porque por mandato constitucional le corresponde no solo dictar sentencias, sino ejecutar lo juzgado. Y hacerlo en el ámbito penal es el cumplimiento de las penas: dar satisfacción a lo establecido en el fallo y que eso se lleve a cabo sin afectar a los derechos fundamentales de la persona penada. Pero además de concernidos, los jueces nos sentimos alertados y en cierta manera preocupados por algunas declaraciones que revelan la existencia de una serie de expectativas respecto del desarrollo de las penas por delitos de terrorismo que, hay que decirlo claramente, no se corresponden con el ordenamiento jurídico vigente. Quien esté haciendo creer a una parte de la sociedad que va a haber medidas de amnistía o de indulto general está generando las bases para una frustración. Y los resultados de esa frustración se proyectarán sobre la Judicatura.
¿La antigua Batasuna no está haciendo pedagogía interna para evitar esa frustración?
Creo que cuando se habla de medidas jurídicas, lo que hay que dar es el dato normativo. Uno no debe moverse en el campo de los deseos, sino en el terreno de la realidad del Estado de Derecho. Y entre algunos discursos que se escuchan y lo que dice el Código Penal, es que no hay correspondencia. El Código Penal prevé un tratamiento individualizado en el cumplimiento de las penas y una ejecución de las mismas regida por el pronóstico de reinserción social. Y ese pronóstico, a su vez y en delitos de terrorismo, se hace depender de una serie de factores, entre los que se subraya el cese en la actividad delincuencial. Si la actividad delincuencial es la pertenencia a una organización terrorista que no se ha disuelto, ese cese se tendría que acreditar como un cese individualizado. Acreditar que esa persona, pese a haber sido condenada por pertenencia a una organización terrorista, ya no forma parte de ella.
¿La no disolución de ETA perjudica, por tanto, a los presos?
Eso es. Que no se haya disuelto entra en absoluta contradicción con la pretensión de beneficios penitenciarios. La subsistencia de ETA define una presunción desfavorable para la aplicación de la política penitenciaria en clave de reinserción si la condena es por pertenencia a banda armada. Este es el primer requisito sin el cual es difícil pasar a los demás. Sería el cese natural de lo que ha dado lugar al delito. Ese cese sería un hecho notorio si la organización se llegara a disolver. Y no es un hecho notorio, sino que requiere de prueba, que ya no se pertenezca a ETA en el supuesto de que la organización subsista. Pero es que, además, lo que se valora es la colaboración de la persona condenada y el restablecimiento de la situación pública alterada respecto de la víctima; eso que se llama pedir perdón.
¿La vía, entonces, es la de los presos disidentes de Nanclares?
Salvo ese grupo, que está fuera de la organización terrorista, la primera pregunta que hay que hacerse es si los presos siguen formando parte de ETA o no. Lo que se nos comunica desde ese colectivo es que van a actuar al unísono y, además, que quieren un tratamiento conjunto. Pero si pretenden un tratamiento conjunto, ¿es como miembros de una organización o como qué? Si lo hacen como miembros de una organización que no se ha disuelto, el camino de la reinserción lo tendrán vedado en términos jurídicos.
¿El perdón al que aludía antes, el reconocimiento del daño causado, es imprescindible?
No son imprescindibles, pero sí son elementos ponderativos; es decir, elementos cuya existencia hay que ponderar en orden a un pronóstico de reinserción. No digo que sea la única vía posible, pero está en la línea de las previsiones del Código Penal para la aplicación de beneficios penitenciarios. El legislador puede hacer lo que estime conveniente, aunque no creo que vaya a haber grandes cambios legislativos, sino que donde puede haberlos es en el Reglamento penitenciario. «Segunda victimización»
¿Teme que sin un gran pacto político, sin un suelo ético compartido, los jueces acaben siendo los paganos del camino hacia la paz?
Vamos a ver. Cualquier pacto de Estado que se establezca no va a afectar a la Judicatura si no supone una alteración de lo que en el ordenamiento jurídico se concibe como el valor de la Justicia. Ese valor quedaría afectado, desde luego, si se decidiera cerrar las investigaciones del delito, que hubiera impunidad. Corresponde al Gobierno determinar la política penitenciaria. Si eso no supone una revisión de lo dispuesto en el fallo de la sentencia, para nada afecta al valor de la Justicia. Generar expectativas de impunidad sobre hechos del pasado sí lo hace. Pero hay un marco en el que el Gobierno puede desenvolverse con libertad y ahí los jueces no tenemos absolutamente nada que decir.
¿Sienten que la Justicia ha fallado a las víctimas al existir 314 asesinatos sin resolver?
Bueno, eso es una constatación. Las víctimas y sus familiares siguen reclamando Justicia y, además, es una Justicia debida. Como creo que no se van a paralizar las investigaciones, ahí, de momento, no hay ningún tipo de frustración. Donde sí puede haberla es en lo que entre los juristas se llama la 'segunda victimización', que se produce cuando el reproche jurídico no va al unísono de un reproche social e institucional. Y aquí es donde algunos discursos pretenderían suspender ese reproche, el social, por los hechos que han causado la victimización. De hecho, la escenificación de la conferencia de Aiete a mí me pareció un ejemplo de 'segunda victimización'. Puedo entender que tuviera otras virtudes, pero desde la perspectiva de las víctimas fue un gravamen.
El Tribunal Superior rechaza que haya llegado el momento de desmantelar los servicios de escolta. ¿No está gestionando esto del todo bien el Gobierno Vasco?
(Sonríe) No se me ocurriría valorar el trabajo del Departamento de Interior, al que estamos agradecidos además porque nos mantiene el programa de protección personal. Durante diez años, tras el asesinato del juez Lidón, hemos tenido reuniones periódicas con la secretaría de Estado de Interior y con la consejería. Creemos que es hora de que se vuelva a celebrar una reunión. La situación de seguridad de los jueces puede verse afectada este año por un riesgo específico que queremos que se evalúe: las reacciones a que puede dar lugar la frustración respecto a expectativas en política penitenciaria que no tienen cobertura legal. Queremos que se examine ese riesgo. Y, sobre todo, creemos que el programa de protección no se puede parar por decisiones individuales de los jueces, sino a partir de una evaluación formal con los responsables de Interior.
¿Qué tal se lleva con el diputado general de Gipuzkoa?
Por ahora mi relación con Martin Garitano ha sido epistolar. La Diputación tiene que nombrar un vocal en la comisión arbitral que presido y eso ha dado lugar a una correspondencia. He tratado de que tengamos una relación verbal, pero no lo he conseguido. Aunque le he llamado varias veces, no he tenido el placer de que contestara. Será, seguro, porque está muy ocupado.
Hace un tiempo, en la localidad nortina de Alto Hospicio, una decena de jovencitas fueron sistemáticamente secuestradas violadas y asesinadas por un tranquilo vecino del que nadie sospechaba absolutamente nada.
Guido Utreras pasaba por la carretera cuando vio a una estudiante tapada en sangre haciendo dedo. Atónito retrocedió a buscarla. Ella le rogó que la llevara al hospital porque un caballero en un auto blanco había intentado violarla. Se trataba, nada menos, que del denominado psicópata de Alto Hospicio.
Unas cuántas horas después de este encuentro, aquella niña, conocida hasta ahora sólo como Bárbara N, de 13 años, acabó con la historia criminal de Julio Pérez Silva, el peor asesino en serie de la historia de Chile. Fue el 4 de octubre del año 2001.
Pero, ¿quién es este silencioso desconocido que violó y mató sin dejar huellas, sin despertar sospechas? ¿Qué lo llevó a repetir, al menos nueve veces, un ritual de muerte que durante casi tres años logró esconder en la paupérrima soledad de Alto Hospicio?
El hombre menos pensado Sus inicios se remontan a Puchuncaví. Guillermina Cisternas, una ex vecina de Pérez Silva en esa localidad, estuvo muy pendiente de las noticias la noche de la captura del psicópata de Alto Hospicio. "Me di cuenta que era él, sin que nadie me lo dijera. Lo conocí por su cuerpo. No se veía su rostro porque lo traía tapado con un poncho. Sabíamos que estaba en Iquique, así que por eso sabíamos que era él".
El "Segua", como le decían en su infancia, pasó la mayor parte de sus 38 años entre las calles de Puchuncaví. María Pérez, directora, en ese entonces, del colegio donde estudió, dice que siempre lo vio como un alumno tranquilo, callado e introvertido. "Teníamos un grupo de la cruzada eucarística, cuyo lema es oración, sacrificio y apostolado, nada que ver con lo que pasó, y él participaba."
Julio Pérez Silva se casó a los 22 años con Mónica Cisternas, oriunda de La Calera, y tuvieron dos hijas. Luego, convivió 5 años con Marianela Vergara, quien ya tenía otras dos hijas. Con ella regresó a Puchuncaví y cosechó fama de buen esposo.
A mediados de los noventa emigró a Iquique buscando mejores oportunidades de trabajo. Comenzó cargando sacos de sal. En una fiesta conoció a Nancy Boero, 14 años mayor que él y con 6 hijos. A las dos semanas ya vivían juntos y luego se establecieron en Alto Hospicio, en un sector conocido como La Negra. Más tarde se cambiarían a Autoconstrucción, otro sector de la localidad.
Al poco tiempo, abandonó los sacos de sal y empezó a operar como taxista pirata ocasional. El tímido "Segua" de Puchuncaví era otro al volante.
Su lado oscuro El 17 de septiembre de 1998, recogió en la costanera de Iquique a Graciela Montserrat Saravia, de 17 años. Según su confesión, le ofreció dinero a cambio de sexo. Todo iba bien hasta que ella habría intentado robarle. Enfurecido, la golpeó hasta matarla y la abandonó en una playa.
Lavado y peinado, como lo haría siempre después de cada ataque, Julio Pérez siguió dedicándose a su casa y a sus vecinos como un hombre modelo.
El 24 de noviembre de 1999 le ofreció a Macarena Sánchez, de 13 años, acercarla en su auto hasta el liceo. Luego de amenazarla con un cuchillo y violarla, le amarró las manos arrojándola al interior del Pique Huantajaya.
Como siempre, aquel día, Pérez Silva estaba de regreso en su casa temprano, borrando huellas de su cuerpo, del auto y de su ropa. Nada extraño en un hombre casi obsesivo por el lavado.
En el verano de 2000 algo detonó en el interior de este hombre. En febrero atacó dos veces en menos de una semana. Primero fue a Sara Gómez. Tres días después, a Angélica Lay, una promotora de teléfonos celulares de 23 años.
Una y otra vez, Julio Pérez Silva repitió la misma rutina. Más de una vez cambió su peinado, agregó o eliminó su barba o se tiñó unas cuántas canas.
Viendo televisión junto a Nancy se topó a menudo con algún noticiario donde la desaparición de las niñas de Alto Hospicio ya comenzaba a estar en los titulares.
El jueves 23 de marzo del año 2000, un mes después del cuarto asesinato, la hija de Delia Henríquez no regresó a casa. Se llamaba Laura Zola y tenía 14 años. Fue la quinta víctima del psicópata de Alto Hospicio.
Luego, el 5 de abril, el temido auto blanco que ya había perseguido más de una vez a María Eugenia Rivera se llevó a su hija, Katherine Arce. Pérez Silva la violó y la enterró en un basural clandestino.
Sus últimos golpes La mejor aliada de "el Segua" fue aquella versión que decía que las jóvenes desaparecidas se habían ido por dejar atrás la pobreza de Alto Hospicio. La policía manejaba sus propias teorías y circularon informes oficiales con las más graves acusaciones.
Pistas falsas, versiones equivocadas y hasta misteriosas llamadas de auxilio encaminaron la búsqueda en la dirección equivocada hacia Perú o Bolivia.
El 22 de mayo del 2000, Patricia Palma, de 17 años salió del colegio rumbo a su casa. Fue en ese momento cuando Julio Pérez la raptó para luego matarla.
Diez días más tarde volvió a atacar. Violó y asesinó a Macarena Montesinos en el sector de Pampa El Molle. Y luego, el 2 de julio, interceptó a Viviana Garay a quien también mató de un golpe en la cabeza.
Pero esta vez, la desaparición de Viviana generó la más intensa reacción que el psicópata había encontrado en toda su carrera criminal. El padre de la niña, Orlando Garay, movilizó a las demás familias afectadas. Sólo entonces el hecho se convirtió en noticia, por lo que los crímenes se detuvieron.
"El Segua" dejó de atacar durante más de nueve meses, pero el 17 de abril de 2001 ya no pudo contenerse. En el sector de la Autoconstrucción interceptó a una menor de 16 años identificada como Maritza. La amenazó con un cuchillo y la violó. Mientras él escapaba, Maritza regresó a su casa. La llevaron al hospital, donde le extrajeron muestras de semen del agresor, que nunca pudo ver en la oscuridad.
Meses más tarde, cuando lo detuvieron, ella reconoció su voz. Compararon las muestras de ADN y resultaron idénticas.
El 3 de octubre de 2001, Julio Pérez Silva cometió el último de sus ataques. Fue el día en que Bárbara N sobrevivió, el día en que Alto Hospicio supo que había un asesino entre ellos.
Fue detenido horas después y sin inmutarse, admitió asesinatos y violaciones. Confesó haber actuado solo y nunca alegó demencia.
Poco a poco, Pérez Silva aportó los datos necesarios para localizar los cadáveres de sus víctimas. El rastreo de estos no estuvo exento de sorpresas. El cuerpo de Angélica Lay fue un hallazgo inesperado pues su nombre no figuraba entre las mujeres oficialmente perdidas.
Hasta ahora (2002), han surgido nombres de otras cinco jóvenes y mujeres adultas desaparecidas en la zona de Alto Hospicio entre abril de 1999 y agosto del 2001. Sin embargo, "el Segua" asegura no saber nada de ellas.
¿Por qué lo hizo? Ésa es la pregunta que atormenta a todas las familias que perdieron a una hija en manos de aquel hombre que escondía en su mente a un monstruo. Es también una pregunta que se repiten jueces y abogados, tratando de armar el enigmático rompecabezas que Julio Pérez Silva se niega a componer en su totalidad. Su respuesta ante el juez ha sido siempre "No sé por qué lo hice".
ÖKO es una una nueva botella con filtro para obtener agua pura con tecnología de la NASA. Para su promoción han publicado un vídeo en el que se puede ver como de forma casi milagrosa la botella ÖKO le quita el color a una Coca-Cola.
Las botellas ÖKO, disponibles ya en internet desde 24 dólares, vienen en tres tamaños, seis colores de diseño y tres niveles de filtros.
Las botellas están hechas a partir de una mezcla de plásticos patentada que ha pasado por rigurosas pruebas SGS de la FDA para la seguridad en contacto con alimentos.
Cada filtro puede manejar aproximadamente 400 galones de agua (unos 1.800 litros). Las botellas son 100% libres de BPA y la tapa está hecha de Tritan, un plástico transparente duro que muestra la filtración de agua en acción a medida que el líquido pasa a través de la boca de la botella.
La forma contorneada de la botella ultraligera hace que sea fácil de llevar y también incluye un mosquetón para llevar o enganchar la botella en una bolsa.
Una botella que adorarán los promotores de agua de grifo y los aventureros con malas experiencias en el tercer mundo para las que esta botella ha sido diseñada.
Sin embargo, nos queda una duda, ¿no se podría utilizar esta tecnología para potabilizar agua en paises del tercer mundo?
Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo, ha querido aclarar que la cuenta bancaria abierta esta semana "no va destinada a pagar al despacho de abogados que le está llevando la causa, pues éste se ha ofrecido gratuitamente desde el principio y no ha cobrado ni cobrará nada".
El dinero que se recaude a través de dicha cuenta bancaria se destinará a pagar procuradores y posibles viajes a Estrasburgo, ya que la intención de la familia es "llegar a donde haga falta" para recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que únicamente condena a Miguel Carcaño. Y todo el dinero que sobre una vez concluya el proceso judicial, "se destinará a ONG's".
El padre de Marta ha querido destacar que Montero Aramburu, el despacho de abogados que les representa, "se ofreció desde el principio a llevarnos el asunto de manera gratuita", por lo que "nunca ha cobrado nada y tampoco va a cobrar en el futuro", aunque la familia ha confirmado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
En un comentario publicado en Twitter, Antonio del Castillo dió el número de la cuenta activada en el BBVA 0182 6008 65 0201530827 y aclaró que se abre con el objetivo de "sufragar los distintos recursos y tribunales a los que podamos llegar recurriendo la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla".
La Plataforma de Marta del Castillo y el padre de la joven han alertado de la existencia de personas en Madrid que van pidiendo dinero con huchas y diciendo que éste irá destinado a los familiares de la joven asesinada para que puedan continuar con el proceso judicial. Éstas personas no tienen ninguna relación con la familia de Marta.
La única vía para colaborar con la familia es la cuenta bancaria de BBVA. "Hay personas con huchas, pidiendo dinero por Marta. Por favor, no caigáis en el engaño", ha declarado Antonio del Castillo.
Armando Rodriguez, secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, ha pedido "mayor eficacia" a las compañías de alarmas que vigilan sus establecimientos y un cambio en las leyes, durante la reunión mantenida con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; y el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez.
El secretario general del gremio ha denunciado que el 95 por ciento en los avisos enviados a las centrales receptoras de alarma por parte de joyerías "en ninguna de ellos se ha avisado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Además, ha señalado que en la reunión han manifestado las inquietudes que sienten en materia de seguridad privada "para que la legislación que obliga a mantener las medidas de seguridad se haga con criterios de eficacia, que se presten los servicios y que se les sacan el máximo partido, cosa que no ocurre en la actualidad".
"Las tecnologías han evolucionado mucho en los últimos años y se puede hacer una adaptación tratando de optimizar que las cámaras, los materiales y los recursos de seguridad sean mucho más eficaces. Hay que organizarlo normativamente para establecer quien tiene que cumplir y con qué certificaciones. Eso tiene que tratar la Ley de Seguridad Privada y nos han manifestado la posibilidad de abordarla en un futuro próximo", ha declarado.
El otro punto fuerte es la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El portavoz de los joyeros madrileños ha señalado que una reforma del Código Penal que sólo agrave penas "no tienen ninguna utilidad si no va precedido de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento para que las personas que sean detenidas no queden en libertad provisional dando nuevos hechos para que luego los medios de comunicación no tengan que denunciar que un individuo ha sido detenido en 47 ocasiones".
"Ese tramo, desde el momento de la detención hasta el día que se celebre el juicio hay que protegerlo y eso sólo lo puede hacer la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque cambiar el Código Penal no serviría para nada", ha agregado.
Armando Rodríguez ha descartado la presencia del seguridad privada por la noche en las joyerías madrileñas porque "en el 95 por ciento de los casos sus propietarios no se lo pueden permitir porque económicamente no es viable".
"Seguimos considerando que la seguridad es un servicio público y que la seguridad privada estará en apoyo, pero en principio bastaría con un servicio público y una legislación adecuada para que este tema esté reducido a la normalidad", ha apuntado.
El secretario del Gremio ha transmitido también el agradecimiento a la Dirección General de la Policía y a la Delegación de Gobierno "por la preferencia y la prioridad en abordar los problemas de los joyeros en materia de seguridad".
