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Centro de menores Marcelo Nessi

El centro de menores Marcelo Nessi atraviesa momentos difíciles. La pasada semana un joven interno intentó quitarse la vida utilizando su propio pijama y su familia lo ha denunciado. Unos meses antes, una supuesta agresión a un menor grabada en vídeo disparaba todas las alarmas. La Audiencia de Badajoz dictó sentencia y determinó que se trataba sólo de una falta, pero ambos casos han vuelto a poner en la picota el funcionamiento de la institución. ¿Se trata de incidentes imprevisibles e inevitables o deben interpretarse como una nueva señal de que algo no marcha bien? La respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunte.
La Policía ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentado por los padres del menor que intentó ahorcarse y está llamando a declarar a todo el personal del centro que está relacionado con el caso. Su director, Manuel Gallego, afirma que está plenamente satisfecho con la labor de las 154 personas que trabajan en él. Asegura que no existen irregularidades y que en él no se producen situaciones de violencia, pero reconoce que se sienten «cuestionados».
La Junta ha cerrado filas en torno al Marcelo Nessi. La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, exigió esta semana en la Asamblea de Extremadura respeto para su personal, «que por las propias peculiaridades de la labor que desempeñan y el deber de secreto profesional al que están obligados, se ven imposibilitados a defender públicamente su trabajo ante acusaciones difamatorias sobre su práctica profesional».
Algunos trabajadores (que prefieren salvaguardar su identidad por temor a represalias) opinan, sin embargo, que el centro no funciona bien. «Existe una mala coordinación de los técnicos, las funciones están mal distribuidas y la formación de muchos de los profesionales dejan mucho que desear», aseguran. También afirman que las autoagresiones y las amenazas de suicidio son habituales y aportan informes al director que así lo demuestran.
El centro de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi nació para dar respuesta a la entrada en vigor de la Ley del Menor, que sacó de los centros penitenciarios a los internos con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. En enero de 2001 se materializaba el único centro extremeño de reforma de menores delincuentes situado en un antiguo instituto de FP y ubicado junto al conflictivo barrio de 'Los Colorines' de Badajoz.
En la actualidad hay cerca de 40 jóvenes de entre 14 y 23 años internados. «Tratamos de reeducar las conductas delictivas, contribuir a la prevención del delito y controlar las conductas de riesgo, en un ambiente inicialmente restrictivo pero progresivamente autónomo, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la evolución de cada menor o joven», explica su actual director y antiguo trabajador social, Manuel Gallego.
Los jóvenes y menores que ingresan en el Marcelo Nessi cumplen internamientos y medidas privativas de libertad acordadas por los juzgados de menores. Es la Junta la responsable de ejecutarlas en los términos establecidos por los órganos judiciales competentes.
Cuando llegan, son atendidos por un equipo trasversal de diferentes profesionales. «Al ingresar se les hace una evaluación para conocer las capacidades de cada chaval y saber también sus expectativas y sus deseos sobre hacia dónde va a encaminar su futuro. Transcurridas tres o cuatro semanas estamos en disposición de diseñar un itinerario individualizado. Fijamos los objetivos que queremos conseguir con los muchachos sobre la base de cinco grandes áreas de intervención: psicológica, socio-familiar, formativo-laboral-educativo reglado, residencial, y también, sanitaria», explica Gallego.
Desde sus experiencia diaria, algunos de esos trabajadores, sin embargo, dejan claro que eso no es así. Denuncian que los profesionales que mayor tiempo pasan con los internos son los cuidadores y los vigilantes de seguridad. «Los primeros no tienen la formación necesaria y su función, según recoge su convenio, es la de asistir a los internos en relación a las tareas de su vida diaria. Sin embargo, son quienes se ocupan de la vigilancia y cuidado de los jóvenes. Su capacidad de acción se limita, no obstante, a hacer anotaciones sobre el comportamiento de los chavales y pueden llamarles la atención, pero no tienen autoridad para amonestarles, por lo que hay muchas situaciones en las que se desmadran», relatan.
El segundo colectivo, más presente en el día a día, los vigilantes de seguridad, también tiene carencias formativas, según estos trabajadores. «Van y vienen sin parar y no saben reaccionar ante ciertas situaciones. Es algo preocupante porque de ellos depende nuestra seguridad», denuncian. El sindicato CSI-F se ha pronunciado varias veces sobre este aspecto y aboga por un modelo organizativo similar al establecido en las cárceles, con personal de vigilancia específico, adecuado, suficiente y con conocimiento en las tareas de vigilancia y custodia propias de este tipo de instituciones.
Los trabajadores señalan también la necesidad de incrementar el número de profesionales en otros colectivos. «Serían necesarios más educadores. Los cuidadores, como su propio nombre indica, están para cuidar, no para educar, no es normal que sean ellos los que pasan la mayoría del tiempo con los chicos, sin hacer nada», lamentan.

Etiquetas: Jovenes asesinos

entrada de tribulete @ 12:04