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El Gobierno paga

El pasado mes de noviembre, los atuneros que faenan en el océano Índico embarcaron por primera vez a agentes de seguridad privada para evitar los asaltos de los piratas en alta mar.
Lo hacían tras el compromiso del Gobierno central y de los autonómicos del País Vasco, Galicia y Andalucía, que tienen barcos en la zona, de sufragar la mitad de los costes que supone esa protección privada. Seis meses después, los armadores han asumido totalmente los costes de ese compromiso, adelantando el cien por cien de los costes.
Pero parece que la ayuda prometida por el Gobierno no tardará demasiado en llegar. El Ejecutivo tiene ya preparado el real decreto del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que regulará esas subvenciones a la seguridad, que actualmente analiza el Consejo de Estado, paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.
La duda que aún queda en el aire es si ese decreto tendrá efecto retroactivo, de manera que los armadores cobren la parte correspondiente a los seis meses ya transcurridos de «misión».
Una vez que el Ejecutivo central ya ha dado pasos claros para cumplir su compromiso con el 25 por ciento del coste total, queda el restante 25 por ciento que sufragarán las comunidades autónomas antes citadas.
El Gobierno vasco ya ha dado su visto bueno y quedan flecos por cerrar en las administraciones gallega y andaluza. El coste de la seguridad embarcada en los pesqueros españoles en el Índico ronda el medio millón de euros, con lo que los armadores han desembolsado ya 3,5 millones, de los que 1,75 deberían ser repuestos por las administraciones públicas. Pese a esto, los armadores destacan que la seguridad privada sí que está funcionando por el momento como elemento disuasorio para los piratas. Las ocasiones que han tenido que intervenir ante el acoso de corsarios se han saldado con la huida de éstos ante la imposibilidad del ataque.

Etiquetas: Empresas de seguridad

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