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lunes, 19 de abril de 2010

146.000 euros

El PP exige que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, reintegren al Ayuntamiento los más de 90.000 euros que ha pagado desde agosto el Consistorio a una empresa privada de seguridad para vigilar la nueva urbanización de Roces.
El contrato con la empresa, que asciende a unos 146.000 euros al año, es ilegal, según asegura el concejal del PP, Pedro Muñiz.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, justificó la contratación de una empresa de seguridad privada para proteger el patrimonio público en una urbanización en la que aún no hay vecinos.
El PP, en cambio, considera que el gasto municipal en seguridad privada para el área de Roces es ilegal, tanto si ese terreno aún sigue dependiendo del promotor, que fue Sogepsa, como si las calles ya han pasado a manos del Ayuntamiento. La posible disyuntiva la aclaró ayer Sogepsa al indicar: «La urbanización del área de Roces está entregada desde finales de 2008» al Ayuntamiento, por lo que la seguridad en la zona es competencia municipal.
De esa forma salió al paso de las sospechas de trato de favor municipal a Sogepsa y a constructores privados por la contratación pública de la seguridad privada. Una contratación que, no obstante, sigue siendo ilegal, según el PP, dado que las calles públicas sólo las pueden vigilar las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos como la Policía Municipal o la Nacional.
«La ley prohíbe contratar vigilancia privada. La tiene que dar la Policía Municipal, si el Ayuntamiento se ha hecho cargo del área de Roces. ¿Qué va a ser lo próximo que se les ocurra, contratar vigilantes privados para el paseo del Muro en verano?», abundó Pedro Muñiz.
El edil del PP insistió en que «esta ilegalidad nos está costando mucho dinero», para recalcar que el mismo lo deben «reintegrar a las arcas municipales la Alcaldesa y Santiago Martínez Argüelles, si es el padre del engendro», aprobado por decreto de Alcaldía.
Así lo va a plantear el PP en la Comisión municipal de Hacienda, que se va a celebrar el lunes de la próxima semana. El PP preguntará en la Comisión de Hacienda si el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales en el área de Roces, tal como asegura Sogepsa.
También preguntará a Santiago Martínez Argüelles si la Delegación del Gobierno ha autorizado la vigilancia privada en Roces. La ley establece que la vigilancia privada en urbanizaciones debe contar con la autorización del Gobierno Civil de la provincia y con informe de las autoridades competentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, cuestiones que en este caso «no nos consta» que haya solicitado el gobierno municipal. Pedro Muñiz anunció ayer que si no se corrige la situación, será el PP quien pida el informe preceptivo a la Delegación del Gobierno. Los populares también estudiarán, en ese caso, poner los hechos en conocimiento de la fiscalía.

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