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Estadisticas de menores

La reforma de Ley Penal del Menor, aprobada en 2006, siguió considerando inimputables a quienes están por debajo de los 14, cometan el delito que cometan. La voces de policías, fiscales y víctimas que pedían un cambio no fueron escuchadas. La norma que entró en vigor en 2001 consideraba que las infracciones de quienes no habían cumplido esa edad eran en general «irrelevantes», pero la realidad delincuencial ha demostrado lo contrario.
La Fiscalía de Barcelona da cuenta de esta problemática en la Memoria Fiscal de 2007. Se han triplicado los menores rumanos sometidos a explotación por mafias de adultos. Lo mismo ocurre en Madrid, donde algunos de ellos acumulan hasta 200 arrestos en meses.
Ante este problema, en la Memoria de la Fiscalía de Barcelona, se sugiere una posible solución: que se pueda actuar penalmente contra estos menores de 14 años para «sacarlos de la calle».
Más allá de estos casos, el asesinato de Maores y otros sucesos de la crónica negra reciente de nuestro país reabren el debate sobre la frontera de los 14 años de edad por debajo de la cual un delincuente queda impune.
No sin insistir en que habla a título personal, Juanjo Márquez, fiscal coordinador de Menores de Barcelona afirma que es partidario de que la frontera de la inimputabilidad se sitúe en los 12 años para casos de delincuentes multirreincidentes o que han cometido delitos muy graves, como agresiones sexuales o asesinatos, aunque precisa que eso no debería conllevar automáticamente y en todos los casos medidas de internamiento. «Podrían dictarse medidas como la libertad vigilada, la asistencia obligatoria a un centro educativo, trabajos para la comunidad y, en algunos casos, por supuesto, el internamiento», detalla.
Márquez justifica por qué considera más oportuna instaurar la frontera, a efectos de responsabilidad ante la ley, en los 12 años, y no en los 14. «En otros ámbitos del Derecho, e incluso en la enseñanza, los 14 es una edad extraña», sentencia el fiscal coordinador de Menores de Barcelona. Y argumenta: «Tenía sentido cuando la enseñanza obligatoria terminaba a los 14 años, o cuando empezaba el instituto a los 14... Pero ahora eso ya es así. Los chavales van al instituto a los 12 años, si hay un procedimiento de divorcio o separación, el juez está obligado a escuchar a los hijos si ya tienen 12 años e incluso te puedes casar con autorización judicial a partir de esa edad».
Las infracciones bajaron en 3.000 casos, pero se produjeron casi 17.000 lesiones
«Por todo ello -prosigue-, parece que los 12 años son una edad más normal. Y también por experiencia, porque menores de 12 años que hayan cometido delitos graves no recuerdo ninguno, en cambio de 12 a 14 años, sí que tenemos algunos».
El fiscal de Menores de Barcelona no es la única voz crítica. Su colega de la Audiencia Provincial de Valencia, Gema García, sostiene que debería rebajarse la edad penal. Según la fiscal, del total de las denuncias recibidas sobre menores en la Audiencia de Valencia, el 25 por ciento de los denunciados son menores de 14 años. Entre este 25 por ciento hay casos de violaciones u homicidios.
A la espera de analizar los efectos de la reforma de la ley del Menor -mejora la situación de las víctimas, incrementa las posibilidades sancionadoras aunque con un enorme margen de decisión del juez y modifica el tratamiento procesal de la acción civil- los datos de 2007 sobre la delincuencia juvenil (14 a 18 años) no son halagüeños.
Si nos atenemos a la mera estadística es cierto que se ha producido una disminución de infracciones (103.097 delitos y faltas, frente a las 106.193 de 2006), pero los delitos graves siguen manteniendo unas cifras preocupantes. La Fiscalía recoge 189 delitos de sangre cometidos por menores, con Galicia a la cabeza (46 casos), seguida de Cataluña (31) y Andalucía con 29. Pero no sólo esos. Chicos de entre 14 y 17 años protagonizaron 16.997 delitos de lesiones, casi 5.000 sólo en Andalucía y los casos de violencia doméstica y de género fueron cerca de 5.000.
Víctimas unidas Cataluña, tal y como advierten algunos miembros del Ministerio Público, tiene mucho que decir. Se produjeron 201 delitos contra la libertad sexual y se incoaron más de 12.000 diligencias contra menores. Sólo 340 acabaron en centros de internamiento cerrado.
Las víctimas se revuelven cuando conocen las cifras y cuando casos como el de Ripollet les hacen revivir sus tragedias.
Una de ellas, Marimar Bermúdez, madre de Sandra Palo, que fue violada, atropellada y quemada viva, habla de «terrorismo callejero» con víctimas inocentes. Se subleva contra quienes alegan que se trata de casos aislados. «Estoy pagando con mis impuestos los 400 euros al día que vale mantener a los asesinos de mi hija», explica y recuerda que uno de ellos, «Rafita» ya está en libertad vigilada, pese al criterio contrario de los educadores. La empatía que creó este caso hace que a Marimar la llamen a diario ciudadanos anónimos cada vez que se cruzan con él.
La asociación Sandra Palo creada por esta mujer -que presentó 1,1 millón de firmas en el Congreso para que se endurezca la ley del Menor- va a convocar una reunión. El fin es que jueces y fiscales tengan la oportunidad de oír en primera persona a los padres de las víctimas. Una de las personas que acudirá será Mari Carmen, madre de José Antonio Márquez. Tenía 17 años cuando un vecino de la misma edad le rajó el pecho con una navaja el año pasado. Carlos, el presunto autor pasó nueve meses internado y salió en libertad vigilada a la espera de juicio. La madre ha acudido desesperada a la asociación. «A las víctimas sólo nos queda estar unidas y consolarnos en nuestro dolor». Este fin de semana Marimar y su pareja tenían previsto visitar a los padres de Maores.

Etiquetas: Jovenes asesinos

entrada de tribulete @ 20:36