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sábado, 18 de julio de 2009

Mafia policial,año 1989

Vamos a recordar en algunos articulos casos donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vieron invulcrados en asuntos de mala reputacion.
No es culpa sólo de la justicia que, con un increíble retraso de cinco años, se procese a los integrantes de la mafia policial que presuntamente decidieron asesinar a sangre fría a tres delincuentes para apoderarse del botín que acababan de obtener en el desvalijamiento de una joyería en Madrid. A la postre, hay que reputar como una victoria de esta misma justicia que la tardanza se haya traducido en el procesamiento y en el encarcelamiento preventivo de los funcionarios policiales implicados -miembros de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid-, cuando han sido tantas las resistencias corporativas y las pasividades políticas que en este tiempo se han dado sigilosamente la mano para tender un tupido velo sobre tan detestables hechos o para aportar sobre ellos versiones desorientadoras, incompletas o pura y simplemente falaces.Si la desaparición de Santiago Corella, el Nani, ha constituido hasta ahora la pincelada de más grueso trazo en el sombrío cuadro dibujado por la mafia policial, la muerte proyectada, organizada y cuidadosamente ejecutada de dos atracadores, y la paciente persecución hasta abatirles de un disparo para despojarles impune y cómodamente de lo que antes habían robado ellos con riesgo, no le va a la zaga en cuanto a burla de la ley, desprecio de las personas y abuso de funciones ejercidas al amparo de la autoridad. Es realmente preocupante constatar cómo este indigno e ilegal proceder que, por lo que parece, se enseñoreó durante años de una importante brigada que ha echado un negro borrón sobre la imagen de toda la policía y ha dañado su credibilidad ante los ciudadanos, apenas ha sido perseguido por los responsables de Interior y sólo débilmente denunciado por los sindicatos y asociaciones policiales.
Es cierto que las maquinaciones delictivas de esta mafia policial se remontan a los años 1983 y 1984, y que desde entonces acá se han dado pasos importantes en la democratización y profesionalización de las estructuras y comportamientos policiales. Pero, aunque parece lógico suponer definitivamente desterrado del seno de la policía este tipo de funcionario capaz de llevar a cabo sus fechorías con la placa oficial por delante y con pretexto de la exigencia del deber, siempre hay que estar vigilantes. Porque ¿quién les iba a decir a los socialistas que durante su gobierno se perdería el rastro de un ciudadano en una comisaría, se asesinaría bajo apariencia de un servicio policial y se montaría una banda de aprovechados agentes dispuestos a tener también su parte en los beneficios del crimen y de la delincuencia? Bien es verdad que si todo esto pudo suceder se debió en gran medida a la lenidad de la que hicieron gala entonces los responsables de Interior ante la aplicación abusiva de la legislación antiterrorista a delincuentes comunes.
En estos años han aparecido síntomas preocupantes de un renovado y preponderante poder policial alérgico al control de la ley, que puede propiciar la aparición de prácticas escasamente respetuosas con los derechos de la persona. El uso incontrolado por servicios policiales de fondos reservados, puesto en evidencia en el caso Amedo, es uno de ellos, al que hay que añadir la tendencia oficial a confundir la presunción de inocencia -derecho constitucional que ampara por igual a todos los ciudadanos- con la impunidad cuando se trata de investigar, perseguir y sancionar determinadas conductas funcionariales. La decisión de uno de los policías procesados de ponerse a su conveniencia en manos de la justicia en Logroño, en cuya prisión se encuentran 20 de sus compañeros, en vez de en Madrid, donde tiene su sede el tribunal que debe tomarle declaración indagatoria, puede responder a la peregrina idea de que lo que no se permite al común de los ciudadanos debe tolerarse a determinados funcionarios públicos.

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