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Operación "Marinos"

Un total de 19 personas han sido detenidas y otras 23 imputadas en una operación de la Guardia Civil, en la que se ha desmantelado un entramado de falsificaciones y estafas relacionadas con las titulaciones náuticas de recreo, en la que podría haber implicadas más de 600 personas en toda España.
Según ha informado hoy el Ministerio del Interior en un comunicado, este operativo, denominado "Marinos", ha sido desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa y ha afectado a "casi la totalidad de las provincias españolas".
El dispositivo se ha saldado con 19 detenidos y 23 imputados, aunque las investigaciones, iniciadas hace dos años, implican directamente en los hechos a otras 200 personas, que podrían ascender a 600, según se desprende de la documentación incautada.
En total se han intervenido ocho tipos de títulos falsos: Permiso de Embarcaciones de Recreo (PER), Patrón de Yate Vasco, Marinero do Recreo de Portugal, Radio Telegrafista de Portugal, Patrón Yate de Recreo de Portugal, Capitán Yate de Alemania (de dos tipos), Asociación Club Náutica Alemana y Patrón Yate de Canadá.
También ha quedado al descubierto la existencia de una red de establecimientos comerciales vinculados a la náutica, que supuestamente eran los encargados de captar clientes potenciales para adquirir estas titulaciones fraudulentas con las que se evitaban exámenes y prácticas obligatorias en España.
Algunos de estos permisos de embarcaciones de recreo, durante el trámite de renovación, iban a ser introducidos en los expedientes de la Administración del Instituto Politécnico de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), mientras que los títulos extranjeros eran presentados en las distintas capitanías marítimas para ser canjeados y convalidados por los correspondientes documentos españoles.
En varios casos, los implicados estaban convencidos de que estos documentos eran válidos a pesar de que creían que "habían sido obtenidos con la anuencia de algún funcionario corrupto".
No obstante, la operación ha permitido demostrar que los proveedores de estos documentos eran en su mayoría empresarios del sector náutico, que no tenían ninguna relación con las administraciones estatal o autonómica.
Los responsables de esta red, cuya actividad en España se remonta a 2000, engañaban y, por tanto, estafaban en algunos casos a los propios compradores de los documentos, cuyos precios oscilaban entre los 1.200 y los 1.800 euros, con lo que se estima que se pudieron obtener unos beneficios cercanos a los 2 millones de euros.
Por este motivo, la Agencia Tributaria se ha personado en la causa, inculpando a algunos de los presuntos responsables de la trama por un delito de blanqueo de capitales, mientras que la autoridad judicial ha decretado el bloqueo de varias cuentas bancarias y ha prohibido la enajenación de propiedades.
Las actuaciones llevadas a cabo han sido dirigidas inicialmente por el Juzgado de Instrucción número uno de San Sebastián, aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha determinado la competencia a un juzgado de Instrucción de Getxo (Vizcaya), que ha asumido el grueso de esta investigación.

Etiquetas: Investigaciones policiales

entrada de tribulete @ 15:53